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Lula quedó a un paso de salir de prisión

La defensa del expresidente anunció que hoy pedirá su "liberación inmediata". La decisión cambia todo el contexto político y es un golpe para Jair Bolsonaro.

La corte suprema de Brasil determinó al cierre de esta edición por 6 votos a 5 que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, una decisión que debería conducir a la liberación del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Anoche se desconocía cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia. Por lo pronto, su equipo de abogados ya había empezado a tramitar su libertad, de acuerdo con la información difundida anoche.

El Supremo Tribunal Federal (STF), de once magistrados, debía determinar si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles. El STF había suspendido las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo.

Ayer se llegó a un resultado de 5 a 5 el presidente del tribunal, José Antonio Dias Toffoli tuvo que desempatar. Tras una hora y media explicando su posición, finalmente apoyó el recurso.

Ahora, las cortes deberán examinar la situación de 4.895 personas. No todas serán liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.

Entre los posibles beneficiarios hay 14 condenados de la investigación Lava Jato, que descubrió una trama de corrupción en Petrobras. Entre ellos figura Lula, de 74 años, que purga desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La liberación de Lula no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia. Pero el STF podría modificar también esa norma.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de San Pablo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras. Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un “preso político”, víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de Lava Jato y autor de la primera condena contra Lula.

Lula ve en esa designación una prueba de la parcialidad de Moro y exige la anulación del juicio.

El prestigio de Lava Lato se siguió erosionando con las filtraciones del portal periodístico The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la investigación.

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