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Luz verde de Stornelli para elevación a juicio de primer tramo de "cuadernos"

Se espera que antes de la feria de invierno la causa pase formalmente a la etapa de juicio. Es por las revelaciones del exchofer Oscar Centeno, el resto sigue en instrucción. Asociación ilícita y cohecho son los cargos para los 47 imputados. Dejó afuera a los ejecutivos de Techint por affaire en Venezuela.

Previsiblemente, el fiscal federal Carlos Stornelli consintió ayer la elevación a juicio oral del primer tramo de la denominada causa “cuadernos”, al responder la consulta que le había formulado el juez Claudio Bonadio para dar oficialmente por clausurada la etapa de instrucción sobre el capítulo inicial de la trama que comenzó públicamente el 1 de agosto del año pasado. En la nómina de quienes podrían pronto (no antes del año que viene) terminar en un debate oral se encuentra la expresidente Cristina de Kirchner, varios exfuncionarios de su gobierno, y empresarios como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Ernesto Clarens, entre otros por haber sido parte de un supuesto engranaje para el pago de sobornos a cambio de obtener obra pública durante el kirchnerismo. Pese a que era un movimiento esperado, la decisión de Stornelli también lo coloca a él mismo un paso más lejos de ser considerado imprescindible para el avance de la causa, uno de los argumentos que había esgrimido contra la causa que pretende involucrarlo por espionaje ilegal y extorsión para la que fue llamado a indagatoria en Dolores.

Emulando el último procesamiento de Bonadio sobre “cartelización” de empresarios, Stornelli también casualmente hizo coincidir en “6-7-8” carillas (índice incluido) su pedido de elevación parcial. El juez deberá pedirle opinión a las defensas para luego cumplir el trámite de rigor para que “suba” a un Tribunal Oral. Se espera que esto ocurra antes de la feria judicial de invierno, y también a las vísperas de que se cumpla un año calendario del inicio de la causa cuando, en la teoría, se deba verificar la veracidad de los dichos de los “arrepentidos”, según la norma que regula las obligaciones de los imputados colaboradores. Varios dieron testimonios de dudosa calidad.

El pedido alcanza al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su entonces segundo Roberto Baratta, y demás funcionarios del área como Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Claudio Uberti (ex Occovi y arrepentido), y José María Olazatgasti. En la causa también está involucrado el exsecretario de Obra Pública José López, recientemente condenado por enriquecimiento ilícito; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su entonces secretario Hugo Larraburu, y el excadete del estudio jurídico de los Kirchner Rudy Ulloa. El extenso listado de imputados a quienes el fiscal pidió enviar a juicio comprende al chofer Oscar Centeno (que había pedido mejorar su situación y estaba disconforme con el procesamiento), a Carlos Wagner, el financista Ernesto Clarens, el empresario recientemente liberado Gerardo Ferreyra, Germán Nivello (en N°2 de López), Oscar Thomas (ex Yaciretá), Hernán Gómez, Fabián Ramón, Walter Fagyas, Carlos Mundin, Claudio Glazman, Juan Carlos De Goycoechea (ex Isolux y primer arrepentido), Raúl Vertúa, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Hernán del Río, Aldo Roggio, Alejandro Ivassinevich, Gabriel Romero, Jorge Balan, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Copetti, el exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez y Daniel Álvarez, Rubén Aranda y Miguel Ángel Marconi. Son un total de 47 implicados solo para el primer tramo.

La fiscalía excluyó deliberadamente a los ejecutivos de Techint de la elevación a juicio. Ya se había declarado la falta de mérito sobre Paolo Rocca. A pesar de que estaban bajo sospecha 8 pagos admitidos por Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, en la supuesta versión humanitaria de garantizar gestiones del gobierno argentino para repatriar empleados de Sidor ante Hugo Chávez.

“Con relación a Cristina Kirchner se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”, sostuvo el requerimiento. Además, remarcó como organizadores a De Vido, Baratta, Wagner, Y Clarens: “Cada uno ellos, desde los roles que ocupaban, actuaron en su establecimiento y ordenamiento, y se encargaron de organizar el funcionamiento del sistema recaudatorio antes descripto, incluso en algunos casos participando activamente en los actos de recaudación”.

“Su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, agregó el fiscal en su presentación. Stornelli siguió la línea establecida por la Cámara Federal sobre la asociación ilícita para los funcionarios y sus entornos y la de cohecho en varios hechos para los empresarios.

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