14 de octubre 2019 - 18:00

Marchas, bloqueos y represión tras las condenas

Miles de manifestantes salieron a la calle luego del fallo contra los líderes independentistas catalanes. Hubo gases lacrimógenos y enfrentamientos con la policía.

La Policía cargó contra manifestantes en distintos puntos de Cataluña.
La Policía cargó contra manifestantes en distintos puntos de Cataluña.

Las condenas por sedición de hasta 13 años de prisión para líderes independentistas catalanes desataron una nueva escalada de tensión entre sus seguidores y el gobierno de España. En la tarde del lunes, cientos de manifestantes que intentaban bloquear el aeropuerto de Barcelona fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo Español, miles de personas salieron a la calle bloqueando avenidas y vías férreas de la región, lo que desató una fuerte represión por parte de los Mossos D’Esquadra (la Policía Catalana), y las autoridades nacionales. Los manifestantes respondieron levantando barricadas y arrojando piedras contra los agentes.

Las manifestaciones fueron convocadas a través de una plataforma digital independentista llamada “Tsunami Democrático”, y tuvieron su epicentro en el aeropuerto de Barcelona, el segundo más grande del país. Allí la Policía arrojó gases lacrimógenos y apaleoóa las personas que intentaban bloquear los accesos. De los 37 heridos que dejó la jornada, 34 se registraron allí.

El objetivo era mostrar repudio a la sentencia que condenó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo en Madrid.

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Además de él, fueron condenados la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell (11 años y medio), el expresidente y presidente de influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años), y cinco antiguos ministros regionales (entre 10,5 y 12 años).

Otros tres exministros, que estaban en libertad condicional, deberán pagar una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia. "No es justicia, es una venganza", denunciaron en un comunicado común los nueve independentistas condenados a penas de cárcel.

"Volveremos, y volveremos más fuertes (...) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos", indicó en una carta Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.

Contra este último el Tribunal Supremo emitió una nueva orden internacional de detención por sedición y malversación. El movimiento independentista había llamado a la "desobediencia civil pacífica" en caso de condena, ante la cual muchos manifestantes mostraban su irritación.

"Siempre hemos buscado vías pacíficas pero nadie nos hace caso. (...) Por eso hacemos esto, para causar la máxima molestia posible, que afecte a todo el mundo, a ver si se dan cuenta", indicó a la AFP cerca del aeropuerto Carles Navarro, un consultor de software de 49 años.

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"Ahora sólo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo", dijo Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años, en el centro de Barcelona.

Más allá de la reacción en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a escasas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

En su sentencia, los jueces descartaron la acusación de rebelión, porque aunque quedó "probada la existencia de violencia", esta careció de "funcionalidad", convirtiendo el propósito independentista "en una mera quimera". La fiscalía solicitaba por rebelión 25 años de prisión contra Junqueras.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una efímera "República catalana".

Esos hechos significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

Se condenó a "unas personas que siempre actuaron con sentido absolutamente democrático y escrupulosamente pacífico", afirmó el presidente regional catalán, Quim Torra.

"Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña", replicó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo abogar por el "diálogo" para salir de esta larga crisis política.

De todas maneras, Sánchez ha prevenido de ser necesario de medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso suspender su autonomía regional, como ocurrió en 2017.

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