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Mensaje del FMI al Gobierno: flexibilidad 2018, dureza 2019

• EL ORGANISMO QUIERE FISCALIZAR LA MARCHA DE LAS NEGOCIACIONES POLÍTICAS POR EL PRESUPUESTO 2019
Este año habrá un seguro aval a las cuentas públicas, incluyendo una potencial distorsión en un IPC final por arriba de 32%. Buscan darle aire a Mauricio Macri para aplicar el “Nuevo Diseño” económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en diferentes versiones y reuniones, dejó este fin de semana su visión concreta al Gobierno sobre los alcances de la flexibilidad del acuerdo firmado entre Argentina y el organismo que maneja Christine Lagarde: el Gobierno de Mauricio Macri tendrá ciertas facilidades este año para poder desviarse, lo menos posible, de las metas de inflación; pero para el 2019 no habrá contemplaciones. Tanto Lagarde, como el mexicano director gerente del Fondo Alejandro Werner y el responsable del caso argentino el italiano Ricardo Caldarelli; dejaron en su paso por Buenos Aires estas definiciones, las que fueron además aceptadas por el Ejecutivo. Los responsables del FMI le informaron además a Macri, al jefe de Gabinete Marcos Peña, al ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al presidente del Banco Central Luis Caputo, que desde octubre, cuando se concrete la habitual inspección del artículo IV, se abrirá una oficina estable en el país y que desde diciembre el monitoreo será mensual y constante. Y que durante todo el 2019 las fiscalizaciones serán directas y funcionales al acuerdo firmado con la Argentina. Hasta entonces, entienden desde el FMI, el Gobierno argentino podrá acomodarse al "nuevo diseño de la política de estabilización" según la nueva jerga de los técnicos del organismo; con algunas dispersiones ante lo firmado para cumplir para este año.

La buena noticia es que el Fondo no se detendrá a cuestionar el acuerdo por los desvíos que viene mostrando el Gobierno en cuanto a la meta de inflación interanual pactada en el acuerdo (29% total); y que ya fue superada en junio con en un 0,5%, y que seguramente también será perforada en julio. Incluso aún está en duda que este año la performance final del IPC medido por el INDEC no trepe hasta el 32% pactado para todo el año. Ese porcentaje, según estiman muchas consultoras privadas, sólo podrá lograrse si el dólar se estabiliza y no sufre más alteraciones sustantivas y rápidas y si el Gobierno logra controlar los aumentos de tarifas de entre 20 y 30% pactados para terminar el año y los incrementos en los combustibles negociados con las petroleras. Cualquiera de estas variables que se altere, podría complicar el 32% final. Sin embargo el FMI promete ser flexible y no dar por cuestionado el acuerdo global y reabrir las negociaciones. Este criterio general sería el resultado del apoyo político que Macri recibió de varios de los ministros de Hacienda de miembros del G-20 que visitaron Buenos Aires el fin de semana. Lo que desde el FMI se quiere en realidad es darle aire al Ejecutivo para que pueda diseñar el verdadero desafío del acuerdo firmado en Washington: conseguir reducir el déficit fiscal de 2,7% (sería finalmente 2,5%) para este año a 1,3% en 2019. Según como se tome el cálculo, y si se toma en cuenta o no la positiva evolución de la recaudación impositiva (que superará largamente la inflación tanto este ejercicio como el próximo), el dinero del ajuste al que se deberá comprometer el estado se debería ubicar en términos reales entre los 200.000 y los 250.000 millones de pesos lineales. Según los datos que fueron conversados entre el FMI y el Gobierno argentino en diferentes reuniones del fin de semana, hasta hoy estarían casi garantizados unos $50.000 millones de ese dinero, fruto de la combinación entre la baja de los gastos en la administración pública nacional y la obra pública directa; dos ítems que dependen exclusivamente de la decisión presidencial. Se necesitarían entonces recortes por otros 150.000 o 200.000 millones de pesos. Se supone que las provincias aportarán entre $80.000 y 100.000 millones; con lo que aún faltarían cerca de 100.000 millones de ajuste.

Ya se sabe, y así se le explicó al FMI, que no está en los planes del oficialismo avanzar en una suspensión del cronograma de retenciones al agro. Aparentemente el análisis que se hizo desde el Gobierno ante el FMI fue convincente: en el 2019 la cosecha será mucho mejor que la de este año y, sin sequías mediante, los ingresos para el sector público por esta vía compensarán cualquier ingreso que se pierda por no alterar el cronograma de retenciones. Tampoco está en los planes del Gobierno avanzar en una suspensión de la reforma tributaria que comenzaría a trabajar a favor de algunos contribuyentes el año próximo; como tampoco se piensa en aumentar la presión sobre Ganancias.

El FMI sabe que quedan pocas alternativas con el volumen necesario para garantizar el ajuste comprometido, y quiere estar cerca en el momento en que se discuta. Entre otras cuestiones que buscará fiscalizar, será las negociaciones políticas que sostenga el Gobierno con los legisladores para el momento de aprobar (o rechazar) el proyecto de ley de presupuesto para el 2019. Los 100.000 millones de pesos restantes deberán estar plasmados en ese texto. Aún es una duda cual será el capítulo clave del ajuste, pero hay muchas especulaciones en el aire. ¿Una reformulación de los pagos de la seguridad social? ¿Vía DNU?.

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