La administración capitalina intensifica los operativos de justicia cívica en las 16 alcaldías. En esta nota, los detalles de las sanciones.
Clara Brugada endurece sanciones por orinar en la calle de CDMX.
Lo que muchos ciudadanos y visitantes consideran erróneamente como una falta menor, inofensiva o inevitable, orinar en la vía pública de la Ciudad de México (CDMX) conlleva severas implicaciones legales y financieras. Bajo la conducción del gobierno de Clara Brugada, las autoridades capitalinas han reforzado la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, desplegando operativos permanentes para sancionar de forma contundente a quienes alteren el entorno compartido.
Ignorar estas disposiciones no solo impacta la reputación de los infractores, sino que representa un golpe inmediato a sus finanzas personales o la restricción de su libertad ambulatoria por incurrir en conductas explícitamente tipificadas por la ley.
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos está clasificado formalmente como una infracción de tipo B. El catálogo de sanciones aplicables se divide de la siguiente manera:
Sanción económica básica: La multa directa oscila entre los 1,141 y los 4,149 pesos.
Privación de la libertad: Dependiendo de la gravedad del caso y el criterio del oficial actuante, se puede imponer un arresto administrativo de 13 a 24 horas.
Sanción alternativa: Cumplimiento de 6 a 12 horas de trabajo comunitario.
Un factor crítico que la ciudadanía suele ignorar es la consecuencia de desacatar el mandato de la autoridad. Con base en el Artículo 33 del mismo ordenamiento legal, si el infractor se niega a cubrir la multa impuesta o a reparar el daño causado (en casos donde este supere los 11,411 pesos), la penalización económica se eleva sustancialmente, pudiendo alcanzar un techo financiero de hasta 24,378 pesos.
El alcance de la normativa es integral y no se limita de manera exclusiva a las grandes vialidades, centros turísticos o parques de renombre. El marco cívico abarca una lista extensa de zonas de uso común, de libre tránsito o de acceso público, entre las que destacan:
Plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas y vías terrestres generales.
Jardines públicos y áreas recreativas o deportivas.
Inmuebles públicos o privados que presten servicios de acceso general, tales como mercados, templos, cementerios, centros culturales y de espectáculos.
Unidades e instalaciones del sistema de transporte público.