Liga MX en problemas: el Gobierno de Claudia Sheinbaum la investiga por "abuso de poder" al eliminar los ascensos y descensos

La Comisión Nacional Antimonopolio indaga prácticas monopólicas en el futbol mexicano tras la denuncia de Jorge Álvarez Máynez contra el sistema cerrado.

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La estructura financiera y deportiva del futbol mexicano se encuentra bajo un estricto escrutinio federal. La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) determinó que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación formal por presunto abuso de poder de mercado al interior de la Liga MX, un procedimiento que pone en jaque las recientes decisiones operativas de los directivos del balompié nacional.

Aunque la dependencia gubernamental no ha detallado específicamente todos los hechos que motivaron esta indagatoria, la apertura del expediente ocurre apenas un mes después de que el político Jorge Álvarez Máynez presentara una denuncia formal. El excandidato presidencial acusó severas inconsistencias competitivas derivadas de la eliminación del histórico sistema de ascenso y descenso, señalando que estas medidas actúan como barreras de entrada que blindan los intereses económicos de unos cuantos empresarios consolidados.

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La denuncia de Máynez y el blindaje a las franquicias de la Primera División

El recurso legal impulsado por el actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano cobró fuerza tras unas polémicas declaraciones en el sector deportivo. Francisco Iturbide Cera, presidente ejecutivo de la Liga MX, reconoció de manera pública que el nuevo modelo impulsado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) contempla en la práctica "una liga cerrada de franquicias", bloqueando el libre tránsito deportivo de las instituciones menores.

En su documento legal, Máynez solicitó investigar las posibles violaciones a los principios y derechos constitucionales ocasionadas por la suspensión indefinida del tránsito entre la Liga de Expansión MX y la Primera División. El denunciante sostiene categóricamente que esta estructura cerrada favorece a los clubes ya establecidos y afecta negativamente a jugadores, patrocinadores y aficionados al reducir drásticamente las oportunidades de inversión en otras plazas del país.

Adicionalmente, fuentes cercanas al entorno de la competencia sugieren que la multipropiedad también podría ser objeto de esta misma investigación federal. Esta controvertida práctica permite que un solo grupo empresarial controle más de un club en la máxima categoría, una situación que actualmente persiste con equipos como Pachuca y León, tras la reciente desvinculación del Atlas de este esquema.

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Multas millonarias y la nueva pirámide del futbol en la mira

El inicio de este procedimiento legal no implica una declaración de culpabilidad inmediata, pero sí marca el arranque de un exhaustivo proceso de auditoría que ha encendido las alarmas en el sector corporativo del deporte. La investigación inicial tendrá una duración de 30 a 120 días hábiles, con la posibilidad jurídica de emitir hasta tres ampliaciones por el mismo periodo de tiempo, lapso en el cual la autoridad podrá exigir documentación, citar a declarar y realizar inspecciones.

Las consecuencias económicas para los dueños de los equipos podrían ser históricas. Si al concluir la indagatoria el Pleno de la CNA acredita la existencia de prácticas anticompetitivas, la dependencia federal podrá imponer sanciones equivalentes hasta el 10% de los ingresos anuales de los responsables, además de emitir la orden obligatoria de corregir o eliminar las prácticas corporativas identificadas.

Este embate institucional choca frontalmente con los planes de negocio a futuro de la FMF. Apenas en agosto pasado, los dueños de los equipos aprobaron una nueva pirámide del futbol mexicano que entraría en vigor gradualmente a partir de 2027. Dicho esquema mantiene a la Liga de Expansión MX como escalón inferior, pero exige el cumplimiento de rígidos requisitos financieros para poder aspirar a un lugar en la máxima categoría, un modelo de negocio que hoy deberá superar la estricta prueba antimonopolio del Estado mexicano.