La Pensión del Bienestar se consolida en 2026 como uno de los apoyos económicos más relevantes para millones de mexicanos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran personas con discapacidad permanente que, aun siendo menores de 59 años, pueden acceder a un depósito bimestral garantizado por el Gobierno de México.
Bienestar le deposita $3,200 a millones de mexicanos menores de 59 años en 2026: estos son los requisitos
Bienestar deposita $3,200 en 2026 a personas con discapacidad menores de 59 años. Conoce requisitos, documentos y estados donde es universal.
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Este programa social, operado por la Secretaría de Bienestar, tiene como objetivo reducir la desigualdad y ofrecer un respaldo económico estable a quienes enfrentan mayores barreras para integrarse plenamente a la vida productiva. El apoyo económico asciende a 3 mil 200 pesos cada dos meses y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.
Aunque muchas personas asocian los programas sociales con adultos mayores, la Pensión del Bienestar para personas con discapacidad rompe ese esquema. En 2026, el beneficio sigue vigente para millones de mexicanos menores de 59 años, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad federal y acrediten su condición de discapacidad permanente.
Pensión del Bienestar para personas con discapacidad: los requisitos y documentos en 2026
Para incorporarse a la Pensión del Bienestar destinada a personas con discapacidad, es indispensable cumplir con una serie de requisitos administrativos y médicos. El punto central es acreditar que se trata de una discapacidad permanente, ya que el programa no contempla apoyos temporales o transitorios.
Las personas interesadas deben presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente —como credencial para votar, pasaporte o credencial INAPAM— y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Toda la documentación debe entregarse en original y copia para su validación durante el proceso de registro.
También se solicita un comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a seis meses, que permita confirmar la residencia del solicitante. Este requisito es clave, ya que el alcance del programa puede variar dependiendo del estado donde viva la persona.
El documento más relevante es la constancia médica que certifique la discapacidad permanente. Este certificado debe ser emitido por una institución pública del sector salud, ya sea federal, estatal o municipal, y debe detallar claramente la condición médica del solicitante.
En caso de que la persona con discapacidad no pueda acudir personalmente a realizar el trámite, el programa permite designar a un auxiliar o representante. Esta persona deberá presentar su propia identificación, CURP, comprobante de domicilio y un documento que acredite el parentesco o relación con el beneficiario.
Pensión del Bienestar para personas con discapacidad: en qué estados es universal este apoyo
Uno de los aspectos más importantes de la Pensión del Bienestar para personas con discapacidad es que su cobertura no es igual en todo el país. En algunos estados, el apoyo tiene carácter universal, lo que significa que cualquier persona con discapacidad permanente puede acceder al beneficio sin importar su edad.
Entre las entidades donde la pensión es universal se encuentran Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, entre otras. En estas regiones, el respaldo económico se otorga a todas las personas con discapacidad permanente que cumplan con los requisitos documentales.
En el resto del país, el programa prioriza a personas menores de 59 años, lo que explica por qué millones de mexicanos dentro de este rango de edad reciben el depósito de 3 mil 200 pesos en 2026. El pago se realiza de manera bimestral y se organiza de forma escalonada, generalmente con base en la letra inicial del apellido paterno.
Más allá del apoyo monetario, esta pensión representa una política pública de inclusión social. El objetivo es garantizar un ingreso mínimo que ayude a cubrir necesidades básicas, fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad y reducir la carga económica para sus familias, reafirmando el compromiso del Estado con uno de los sectores más vulnerables del país.
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