Carlos Slim Helú habría negociado cambios fiscales con Hacienda. Estas son las medidas en discusión y las metas de recaudación para 2027.
Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, habría intervenido en el Paquete Económico 2027 de Claudia Sheinbaum: qué negoció con Hacienda
La discusión sobre el Paquete Económico 2027 puso sobre la mesa una cuestión central para el gobierno de Claudia Sheinbaum: cómo incrementar los ingresos públicos sin desalentar la inversión privada. En ese escenario, Carlos Slim Helú habría participado en conversaciones para modificar el alcance de algunas medidas fiscales dirigidas a los grandes contribuyentes.
La información fue publicada por EL CEO, que reportó negociaciones entre representantes empresariales y autoridades fiscales. La discusión habría girado en torno a las deducciones que pueden aplicar las compañías y al riesgo de que una restricción general afectara actividades productivas, en un momento en el que la administración federal busca fortalecer la recaudación.
La participación atribuida a Carlos Slim Helú se habría concentrado en las consecuencias que podría tener un endurecimiento general de las reglas fiscales para las empresas con grandes operaciones. De acuerdo con la información publicada por EL CEO, el planteamiento inicial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contemplaba limitar determinadas deducciones, una medida que habría generado preocupación entre distintos integrantes del sector privado.
El punto de desacuerdo no habría sido la necesidad de combatir la evasión o las prácticas fiscales indebidas, sino el alcance de las restricciones. Para las empresas que realizan inversiones importantes, una limitación general puede modificar los costos de sus proyectos y las decisiones sobre dónde colocar recursos.
En las conversaciones también habría participado Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). La postura atribuida a los empresarios fue que una disposición demasiado amplia podía terminar afectando a compañías que operan de manera legítima y que utilizan deducciones previstas en la legislación.
Tras las objeciones, el planteamiento habría regresado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su revisión. La propuesta modificada se orientaría a identificar operaciones, conceptos y estructuras específicas en las que la autoridad detecte riesgos de deducciones improcedentes o simulación, en lugar de imponer un límite generalizado.
La diferencia es relevante: una fiscalización focalizada busca cerrar espacios de abuso sin tratar todas las deducciones como si respondieran al mismo propósito. De confirmarse ese enfoque en la versión definitiva del paquete, el gobierno conservaría herramientas para combatir prácticas irregulares, pero con un alcance distinto al de la propuesta inicial descrita por el medio.
El objetivo de incrementar los ingresos públicos va más allá de las modificaciones que podrían afectar a las grandes empresas. La SHCP busca ampliar los recursos disponibles para financiar las obligaciones del gobierno, sostener los programas públicos y avanzar en la reducción del déficit.
La información de EL CEO señala que la meta de recaudación adicional para 2027 rondaría los 300 mil millones de pesos. Esa cantidad representa un objetivo amplio, por lo que no debe interpretarse como dinero que necesariamente provendrá de un solo impuesto o exclusivamente de los grandes contribuyentes.
El desafío para Hacienda consiste en aumentar los ingresos sin generar efectos contraproducentes sobre la actividad económica. Si las medidas fiscales encarecen determinados proyectos o reducen los incentivos para invertir, el resultado podría entrar en tensión con el propósito de fortalecer la economía y ampliar la base tributaria.
Por ello, la estrategia fiscal también requiere distinguir entre el incumplimiento de las obligaciones tributarias y el uso de mecanismos legales para calcular el impuesto correspondiente. La autoridad puede revisar operaciones sospechosas y combatir estructuras simuladas, pero el diseño de las reglas determinará qué actividades quedarán sujetas a una mayor vigilancia.
La meta recaudatoria deberá analizarse, además, junto con las necesidades presupuestarias del gobierno. Los recursos destinados a programas sociales, salud, educación y otros compromisos públicos forman parte de las presiones que enfrenta la administración federal al elaborar sus previsiones financieras.
Otro de los componentes que podría influir en los ingresos fiscales es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En la información publicada por EL CEO se menciona la posibilidad de modificar gravámenes aplicables a determinados productos, entre ellos bebidas alcohólicas, cerveza y alimentos con alto contenido de sodio.
El IEPS se aplica a bienes específicos y, por esa razón, cualquier cambio en sus tasas o en el conjunto de productos gravados podría modificar la recaudación de esos sectores. Sin embargo, la mención de posibles ajustes no significa que todas las modificaciones estén aprobadas ni que sus condiciones definitivas ya se conozcan.
Entre enero y julio de 2026, la recaudación reportada por los conceptos de IEPS mencionados en el artículo alcanzó los 68 mil 705 millones de pesos. De ese total, 24 mil 972 millones correspondieron a alimentos no básicos de alta densidad calórica; 15 mil 353 millones, a bebidas alcohólicas; y 28 mil 331 millones, a cerveza y bebidas refrescantes.
Estas cifras permiten dimensionar el peso que tienen esos rubros dentro de los ingresos obtenidos por el impuesto. También explican por qué cualquier modificación puede convertirse en una pieza de la estrategia recaudatoria para el año siguiente.
El alcance final de los cambios dependerá de lo que quede establecido en el Paquete Económico 2027. Hasta que se conozcan las disposiciones definitivas, conviene distinguir entre las medidas que se encuentran bajo análisis y las que efectivamente formen parte del marco fiscal aprobado.