La desinformación viaja a la velocidad de la luz, especialmente cuando toca temas sensibles como la economía y la aplicación de la ley. Recientemente, una oleada de pánico se extendió por las redes sociales, alimentada por un clip de TikTok que sugería una drástica e inminente acción del SAT: la aplicación de prisión preventiva oficiosa para todos los comerciantes informales.
2 de diciembre 2025 - 12:00
Facturación falsa: así cae el velo de la polémica entre el SAT y la prisión preventiva
Esta es la verdad sobre el video viral que hablar de una supuesta prisión preventiva del Servicio de Administración Tributaria a comerciantes.
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Facturación falsa: así cae el velo de la polémica entre el SAT y la prisión preventiva
El epicentro de esta polémica viral fue un video que, supuestamente, captaba al mismísimo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, anunciando esta controversial medida. La publicación, que rápidamente acumuló más de 327,000 reproducciones, 13,000 "me gusta" y cerca de 2,000 comentarios, generó una legítima preocupación en un sector crucial para la economía nacional.
La verdad oculta del SAT: no es el ambulante, es el "facturero"
La alarma social y la indignación crecieron al ritmo de los shares, sin embargo, la realidad de lo dicho por el jefe del SAT se encuentra a años luz de la interpretación viral.
Tras un análisis riguroso de la fuente original, se confirma que el clip de TikTok es una pieza de contenido descontextualizado y malintencionado. El fragmento que se utiliza, donde Antonio Martínez menciona una propuesta de prisión preventiva oficiosa "para todas esas personas que no son contribuyentes", fue extraído de la conferencia matutina del 9 de octubre de 2025.
Lo que el titular del SAT realmente anunciaba no era una cacería contra los pequeños vendedores o comerciantes informales, sino un endurecimiento en la lucha contra un fenómeno de alto impacto fiscal: las empresas fachada y la emisión de comprobantes fiscales falsos (las conocidas "facturas pirata").
La propuesta de modificar el Código Fiscal de la Federación siempre estuvo orientada a delincuentes fiscales organizados, aquellos que crean redes para simular operaciones, evadir impuestos y defraudar al erario. Es decir, los denominados "factureros".
La presentación completa de Martínez Dagnino ante los medios, de la cual solo se tomó un extracto tramposo, detallaba un paquete de medidas para fortalecer la fiscalización. Entre ellas, se incluyó un procedimiento administrativo abreviado para suspender el sello digital de facturación y, efectivamente, la aplicación de prisión preventiva oficiosa para quienes incurran en el delito de emitir o recibir comprobantes fiscales falsos.
La ruta legislativa fue clara y rápida: el 15 de octubre de 2025, las reformas fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, y días después, el 28 de octubre, recibieron el aval final del Senado. La ley que ahora está vigente establece la prisión preventiva o una pena de dos a nueve años de cárcel por el delito de facturación apócrifa.
Pero es crucial reiterar: no existe, ni ha existido, ninguna iniciativa o reforma aprobada que avale la aplicación de prisión preventiva oficiosa contra comerciantes informales. Una búsqueda en el sitio web de la Cámara de Diputados y en los comunicados de prensa oficiales no arroja evidencia alguna de que se haya discutido o votado tal medida contra este sector.
Esta desinformación es especialmente delicada en un país como México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, a octubre de 2025, la tasa de informalidad laboral se situaba en un preocupante 55.7% de la población ocupada, representando a 33.9 millones de personas.
Es este vasto universo de trabajadores, que en su mayoría son de bajo ingreso y subsistencia, el blanco perfecto para el miedo que explotan los videos virales. Confundir la legítima lucha del SAT contra el crimen organizado fiscal con una amenaza a los vendedores de la esquina es un acto de irresponsabilidad que merece ser desmentido con firmeza.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar severa en el sistema judicial mexicano, reservada para delitos de alto impacto como: homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, delincuencia organizada y, ahora, también para el uso de facturas falsas a gran escala.
En definitiva, la amenaza viral es completamente falsa. La herramienta legal está diseñada para golpear las estructuras de evasión y fraude, no para criminalizar al ciudadano que busca el sustento en el comercio popular.
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