El Instituto Mexicano del Seguro Social modificó las condiciones de acceso a este esquema de aportaciones voluntarias, restringiendo la posibilidad de elevar el monto del retiro para cierto sector de derechohabientes.
Qué tiene para decir el IMSS.
El esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ley 73, popularmente conocido como Modalidad 40, ha funcionado históricamente como una alternativa legal para que los trabajadores en México incrementen el promedio salarial de sus últimos años de cotización y, por consecuencia, obtengan una pensión mensual más alta al momento del retiro.
Sin embargo, el reglamento del IMSS mantiene la restricción de este beneficio para una gran parte de la población económicamente activa. Esta medida responde a criterios técnicos de elegibilidad que invalidan los pagos de quienes no cumplan estrictamente con los requisitos de la Ley del Seguro Social.
La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, mejor conocida como Modalidad 40 del IMSS, es una alternativa para que las personas que se quedaron sin un trabajo formal puedan seguir aportando sus cuotas de manera independiente. El propósito central de este programa es elevar el salario diario con el que se cotiza, una estrategia que repercute de forma directa y positiva en la suma de la pensión cuando llega el momento de jubilarse.
Este beneficio está pensado sobre todo para quienes cotizan bajo la Ley 73, lo que significa que abarca a los empleados que se dieron de alta en el seguro antes del 1 de julio de 1997. Su gran ventaja es que da la libertad de registrar un sueldo de cotización más elevado, una jugada que puede aumentar drásticamente el dinero mensual que se recibirá en el retiro.
De acuerdo con los expertos en la materia, se trata de un recurso muy socorrido por los trabajadores que quieren asegurar una vejez con mejores ingresos y mayor estabilidad financiera.
La brecha entre estos dos modelos se abrió el 1 de julio de 1997, el día en que arrancó el esquema de cuentas individuales manejadas a través de las Afores. Previo a este cambio, la fuerza laboral se regía por la Ley 73, un sistema que garantiza pagos de por vida respaldados económicamente por el Gobierno Federal.
Por el contrario, los que iniciaron su vida laboral después de esa fecha límite quedaron inscritos en la Ley 97. En este escenario, el dinero de la jubilación se sujeta únicamente al capital que el empleado logre juntar en su cuenta personal. Bajo este panorama, la cifra final ya no toma como base el sueldo de los últimos años activos, sino la suma de todo lo guardado a lo largo de las décadas de trabajo más las ganancias que la Afore consiga generar.
Es por esta situación que los analistas coinciden en que los montos de la Ley 97 tienden a quedarse cortos frente a las atractivas pensiones que solía otorgar la Ley 73.
Pese a que la Modalidad 40 se mantiene disponible en la actualidad, los asesores financieros recalcan que sus ventajas disminuyen notablemente para la generación de la Ley 97. Esto pasa porque el mecanismo se estructuró pensando en el viejo régimen de la Ley 73, donde empujar hacia arriba el promedio del salario diario sí mueve la balanza a favor de un mejor pago de retiro.
Dado que en la Ley 97 todo gira en torno a la bolsa acumulada en la Afore, inyectarle dinero al salario por medio de la Modalidad 40 no rinde los mismos frutos. Los conocedores del tema aclaran que este desfase ocurre debido a que las reglas actuales responden a un esquema de ahorro meramente individual.
En consecuencia, aunque todavía hay quienes recurren a ella con la idea de sumar más semanas de cotización, la realidad es que el beneficio real sobre el monto final de la jubilación es mínimo comparado con el impacto que logra en la Ley 73.