Las revisiones digitales y auditorías sobre historiales laborales ponen bajo vigilancia esquemas irregulares usados para tramitar el retiro.
IMSS toma drástica decisión que cancela pensiones de Ley 73 a miles de mexicanos en mayo 2026
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) endureció sus procesos de fiscalización y, en mayo de 2026, mantiene bajo revisión miles de expedientes vinculados con la Ley 73, un régimen altamente valorado por los trabajadores mexicanos. La medida puede derivar en la pérdida definitiva del ingreso mensual cuando la autoridad detecta irregularidades graves en el origen de la afiliación laboral.
Durante décadas, alcanzar una resolución favorable bajo este esquema representó una de las metas más importantes para quienes construyeron su trayectoria dentro del empleo formal. La Ley 73 continúa siendo uno de los modelos más codiciados porque el cálculo del pago mensual toma en cuenta el promedio salarial y las semanas acumuladas de cotización.
Pero obtener el retiro no significa que el expediente quede blindado para siempre. El entorno regulatorio cambió y hoy las autoridades cuentan con mayores capacidades tecnológicas para revisar, auditar y reevaluar expedientes incluso después de que el beneficio ya fue autorizado y está siendo pagado.
La principal causa que puede provocar la pérdida definitiva del beneficio está relacionada con la llamada “simulación laboral”, una práctica que el instituto persigue con mayor intensidad. En términos simples, se trata de casos donde una persona aparece registrada ante el IMSS mediante empresas fantasma, despachos irregulares o esquemas de contratación ficticia, aunque en la realidad no exista trabajo efectivo, subordinación, horario ni prestación real de servicios.
Esta facultad tiene respaldo legal en el Artículo 251 de la Ley del Seguro Social, que otorga al instituto atribuciones para investigar la existencia auténtica de los aseguramientos, ordenar verificaciones, revisar documentación y comprobar si el vínculo laboral que dio origen a una afiliación fue legítimo o inventado. El problema suele aparecer en personas que buscan recuperar la llamada vigencia de derechos para acceder a una jubilación bajo la Ley 73.
La legislación exige, en determinados supuestos, reactivar cotizaciones mediante semanas adicionales dentro del régimen formal. A partir de esa necesidad surgió un mercado ilegal de supuestas asesorías que ofrecen registrar trabajadores en compañías de papel a cambio de pagos mensuales. Muchos de estos esquemas prometen soluciones rápidas: alta ante el instituto, salarios elevados y recuperación acelerada de requisitos. Sin embargo, si la relación laboral no existió realmente, el riesgo financiero puede ser devastador.
A diferencia de años anteriores, la detección de estos casos ya no depende únicamente de revisiones manuales. Gracias a nuevas herramientas digitales, el IMSS trabaja con sistemas de fiscalización automatizada conectados con otras bases oficiales, incluido el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Mediante cruces de información, algoritmos y análisis de comportamiento, las autoridades pueden identificar patrones considerados de alto riesgo. Entre las señales que disparan alertas destacan empresas sin infraestructura física comprobable, domicilios fiscales compartidos por cientos de supuestos empleados, altas masivas de adultos mayores con salarios extraordinariamente altos y registros laborales que duran exactamente el tiempo necesario para cumplir requisitos pensionarios.
También se analizan inconsistencias fiscales, como compañías que no presentan correctamente pagos relacionados con nómina, impuestos o contribuciones laborales. Cuando el instituto concluye que nunca existió una relación de trabajo auténtica, las consecuencias pueden ser inmediatas.
La primera medida es la nulidad de semanas cotizadas correspondientes al periodo irregular. En la práctica, esas semanas desaparecen del historial del trabajador como si jamás hubieran sido registradas.
El segundo golpe puede ser todavía más severo. Si, después de eliminar esos periodos simulados, la persona queda por debajo del mínimo requerido o pierde condiciones legales necesarias para mantener el beneficio, la resolución puede quedar sin efecto y el pago mensual detenerse de manera permanente.
Además, existe un frente económico adicional. En casos donde la autoridad determine simulación o irregularidades graves, el ciudadano podría enfrentar procedimientos para devolver recursos cobrados indebidamente, incluyendo mensualidades y prestaciones adicionales recibidas.
Por esa razón, especialistas en seguridad social insisten en evitar mecanismos informales que prometen acelerar trámites o inflar salarios artificialmente. La propia legislación contempla caminos legales para quienes buscan fortalecer su estrategia de retiro sin comprometer su patrimonio.
Uno de ellos es la Modalidad 10, dirigida a trabajadores independientes, comerciantes, profesionistas y personas por cuenta propia que desean integrarse legalmente al régimen y generar cotizaciones válidas. Otra alternativa ampliamente utilizada es la Modalidad 40 o Continuación Voluntaria, diseñada para quienes pretenden seguir cotizando por cuenta propia con un salario superior, siempre dentro de los parámetros oficiales del sistema.
En mayo de 2026, el mensaje del instituto es claro: los atajos ilegales están bajo vigilancia permanente. Para quienes buscan proteger su futuro económico bajo la Ley 73, la recomendación apunta hacia mecanismos transparentes, cumplimiento fiscal y estrategias completamente alineadas con la legislación vigente.