Las autoridades capitalinas aplicarán sanciones económicas a los conductores de la Ciudad de México que incumplación con la realización del proceso vehicular obligatorio en la fecha establecida.
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El Gobierno de la CDMX recordó a los automovilistas la vigencia de las obligaciones administrativas estipuladas en el reglamento de tránsito local. Las autoridades competentes señalaron que el vencimiento de ciertos plazos deriva en la imposición de penalizaciones monetarias directas.
El cumplimiento de esta disposición legal requiere el agendamiento previo de citas y la presentación de documentación oficial ante las instancias correspondientes. Omitir el procedimiento durante el mes en curso invalida la libre circulación de las unidades dentro del perímetro urbano.
Las sanciones aplicables varían en función de las Unidades de Medida y Actualización vigentes para el presente año. La Secretaría de Administración y Finanzas instó a los contribuyentes a regularizar su situación de forma oportuna para evitar cobros extemporáneos.
Hablamos del cierre correspondiente al primer semestre de la verificación vehicular, una medida diseñada para monitorear los niveles de contaminación, mitigar la mala calidad del aire y resguardar la salud pública. Para llevarla a cabo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) fija una programación de fechas límites que los conductores deben acatar.
En caso de dejar pasar los tiempos señalados en la agenda oficial, las personas dueñas de los vehículos se hacen acreedoras a una sanción por verificación extemporánea. El monto equivale a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en $2,346.20 pesos.
Según lo estipulado en el lineamiento del primer periodo (difundido el 2 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México), una vez cubierta la penalización, el usuario cuenta con un lapso de 30 días naturales para intentar pasar la prueba nuevamente.
Si durante ese tiempo no se consigue el holograma aprobatorio, las autoridades aplican una segunda sanción económica que se eleva a 40 UMAs (aproximadamente $4,692.40 pesos). Al saldar este pago, se reactiva una ventana adicional de 30 días para buscar la aprobación.
¿Qué sucede si el vehículo no logra verificar tras esta segunda extensión? De acuerdo con el apartado 10.1.3 de la misma normativa, es posible solicitar un nuevo plazo de 30 días, aunque esto implica liquidar un castigo de 80 UMAs, suma que ronda los $9,384.80 pesos.
Hay que tomar en cuenta que todas estas penalizaciones están dirigidas a quienes no hayan completado el primer periodo de verificación de 2026, el cual concluye definitivamente el próximo 31 de agosto.
En este momento, el trámite regular requiere un pago equivalente a 5.625 UMAs más IVA, lo que arroja una cifra cercana a los $765.00 pesos. Por el momento, la tarifa no presenta modificaciones y se mantendrá sin cambios durante la segunda mitad del año.