Los pagos digitales están a punto de ocupar un lugar todavía más importante dentro de la economía mexicana si avanza la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Aunque la iniciativa no plantea otorgar nuevas facultades fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la información que generan las operaciones electrónicas puede facilitar las tareas de fiscalización.
3 de octubre 2026 - 12:00
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La propuesta busca ampliar el uso de medios digitales y, como efecto indirecto, dejar una mayor cantidad de información registrada en el sistema financiero.
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La diferencia está en la huella que deja cada movimiento. Una transferencia, un depósito bancario o una operación realizada mediante una plataforma digital genera registros dentro del sistema financiero, mientras que una operación con efectivo no produce el mismo nivel de trazabilidad.
Por eso, el impacto sobre el SAT sería principalmente indirecto. La propuesta está orientada a promover la inclusión financiera, ampliar la bancarización y facilitar los medios de pago, pero la información generada por esas operaciones podría convertirse en un elemento útil para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Ley de Economía Digital: por qué será una ayuda para la fiscalización del SAT
Actualmente, durante una auditoría, el SAT puede cruzar información como registros contables, declaraciones y estados de cuenta bancarios. La digitalización de los pagos incrementa la cantidad de movimientos que quedan documentados dentro del sistema financiero.
La propuesta podría facilitar todavía más ese rastreo porque plantea mecanismos para que determinadas operaciones financieras puedan realizarse con procesos de identificación digital. Entre los elementos mencionados en la iniciativa aparece la CURP biométrica, junto con el Expediente Digital Ciudadano.
Sin embargo, esto no significa que cada pago digital vaya a convertirse automáticamente en un ingreso gravable. Especialistas citados por Expansión advirtieron precisamente sobre esa diferencia: una cuenta puede recibir préstamos, aportaciones de socios, transferencias entre cuentas propias o devoluciones, operaciones que no necesariamente representan una venta o un ingreso acumulable.
La precisión resulta importante porque el uso de medios electrónicos no cambia por sí mismo la naturaleza fiscal de una operación. La trazabilidad permite identificarla y analizarla, pero eso no significa que cualquier movimiento de dinero deba interpretarse automáticamente como ingreso sujeto a impuestos.
De qué se trata la Ley de Economía Digital
La propuesta busca impulsar los pagos digitales y electrónicos y reducir algunas barreras para acceder a servicios financieros. Entre sus objetivos también están la inclusión financiera, la contratación remota de productos financieros y la formalización de pequeñas y medianas empresas.
El proyecto contempla distintos mecanismos de pago, entre ellos transferencias, tarjetas, códigos QR y tecnologías de comunicación inalámbrica. También plantea que el Banco de México, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), establezca especificaciones técnicas, operativas, de ciberseguridad e interoperabilidad para los dispositivos e infraestructura de cobro.
Otro de los argumentos de la iniciativa es que la digitalización puede ayudar a que los negocios construyan un historial financiero. Al registrar sus operaciones, los establecimientos podrían contar con información que facilite posteriormente el acceso al crédito.
La propuesta también está vinculada con la prevención del lavado de dinero. En el debate legislativo se señaló que el uso de efectivo representa una vulnerabilidad dentro de las estrategias contra este delito, mientras que los medios digitales generan registros que pueden ser rastreados.
En ese contexto, el posible beneficio para el SAT no aparece como una nueva facultad explícita dentro de la iniciativa, sino como una consecuencia de que más operaciones pasen por canales financieros formales.
