Un terremoto político y financiero sacude al estado de Sinaloa tras la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear inmediatamente las cuentas bancarias del gobernador Rubén Rocha Moya, así como las de su círculo familiar más íntimo y diversos funcionarios de alto nivel. La drástica medida, ejecutada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), responde a las investigaciones impulsadas por autoridades de Estados Unidos que vinculan a los implicados con presuntas redes de protección para la facción criminal conocida como "Los Chapitos".
La notificación oficial, sustentada en el Acuerdo 156/2026 emitido el pasado 6 de mayo, ya se encuentra en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). A partir de su publicación, las instituciones financieras del país cuentan con un plazo improrrogable de 10 días hábiles para suspender toda actividad y congelar los activos de las personas señaladas.
Los familiares directos de Rubén Rocha alcanzados por el bloqueo
Las investigaciones financieras no se limitaron al mandatario estatal, sino que rastrearon y congelaron el patrimonio de su línea consanguínea directa. De acuerdo con el documento emitido por la UIF, el listado completo de los hijos de Rocha Moya que han perdido acceso al sistema financiero mexicano es el siguiente:
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Rubén Rocha Ruiz
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Ricardo Rocha Ruiz
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Eneyda Rocha Ruiz
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José de Jesús Rocha Ruiz
La red política y policial bajo la lupa de Nueva York
El expediente armado por fiscales federales en Estados Unidos sostiene que en Sinaloa operó una compleja red de protección política, policial y logística que facilitó el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. Por ello, la UIF también ordenó el bloqueo de los siguientes actores clave del gobierno estatal y municipal:
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Enrique Inzunza Cázares (Senador de la República): Acusado de fungir como el enlace directo para negociar protección institucional a cambio de favores electorales.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Identificado como presunto coordinador logístico que filtraba información sobre rivales políticos.
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Señalado de recibir presuntos pagos mensuales en efectivo que superaban los 10,000 dólares para asegurar la no interferencia gubernamental.
Dámaso Castro Zaavedra (Vicefiscal General): Implicado en la supuesta recepción de sobornos para alertar sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
El cerco financiero también alcanzó a altos mandos y exjefes de las corporaciones de seguridad, entre los que destacan Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública), Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez (exjefes de la Policía de Investigación), así como los comandantes José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán. A estos elementos se les acusa de vender información, armamento y protección directa a las células delictivas.
