La SCJN avaló transferir cuentas inactivas al Fondo de Pensiones para el Bienestar sin orden judicial, garantizando los ahorros de los trabajadores.
Fallo clave de la SCJN sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de poner punto final a la controversia de las pensiones en México. Los ministros validaron que el dinero de las Afores no reclamadas por trabajadores mayores de 70 años (IMSS) y 75 años (ISSSTE) pase automáticamente al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, lanzaron una advertencia crucial: este traspaso no significa que pierdas tus ahorros.
La resolución del Máximo Tribunal despeja el camino jurídico para una de las iniciativas más debatidas en materia de seguridad social en la historia reciente del país. Con esta determinación histórica, se agiliza la consolidación del fideicomiso gubernamental diseñado para complementar los ingresos de la clase trabajadora durante su retiro, estableciendo al mismo tiempo obligaciones estrictas de transparencia para la institución encargada de administrar el capital de los mexicanos.
En su fallo definitivo, la Corte validó los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, 251 de la Ley del ISSSTE y 81 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estas normativas avalan la transferencia directa de los recursos alojados en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez hacia el nuevo fondo operado por el Estado.
El punto medular del aval radica en que este movimiento financiero podrá ejecutarse de manera directa sin la necesidad de una resolución judicial previa, agilizando el flujo del capital no reclamado. No obstante, la autoridad fue clara en los límites de esta medida: la transferencia procede únicamente cuando el titular de la cuenta no haya exigido su dinero al cumplir 70 años de edad en el caso de los afiliados al IMSS, y 75 años para los afiliados al ISSSTE.
Para calmar la incertidumbre en los mercados y entre los millones de cuentahabientes, el Máximo Tribunal dedicó una parte importante de su explicación a garantizar la propiedad privada de los fondos transferidos. Se estableció categóricamente que esta modificación administrativa no despoja a los ciudadanos del producto de su trabajo.
Propiedad intacta: Los recursos económicos siguen siendo propiedad exclusiva de las y los trabajadores, o en su defecto, de sus beneficiarios y beneficiarias legales.
Disponibilidad absoluta: Los titulares de las cuentas afectadas pueden reclamar su dinero acumulado en cualquier momento ante las autoridades correspondientes.
Cambio meramente administrativo: Lo único que cambia de manera operativa con esta profunda reforma es la institución que estará encargada de administrar y resguardar los fondos.
Para blindar el patrimonio de la clase trabajadora nacional, la Suprema Corte determinó que el nuevo esquema ofrece los elementos necesarios de certeza y seguridad jurídica. Las propias disposiciones legales tienen como objetivo central garantizar la imprescriptibilidad del derecho que tienen las personas para exigir el capital de su subcuenta.
Finalmente, para que el modelo funcione sin poner en riesgo los ahorros, el Fondo de Pensiones para el Bienestar queda estrictamente obligado a cumplir con tres normativas fundamentales: contar obligatoriamente con una reserva que garantice la suficiencia de recursos, establecer un Comité Técnico encargado de dictar reglas claras de inversión, y sujetarse en todo momento a estrictos mecanismos de transparencia pública.