Las instituciones bancarias que operan en el territorio nacional inmovilizaron un total de 15 mil 968 cuentas financieras vinculadas con presuntas conductas delictivas entre septiembre de 2025 y junio de 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer estas cifras dentro del desglose de acciones orientadas a la detección y prevención de movimientos con recursos de procedencia ilícita. La intervención de los depósitos responde a los mecanismos de alerta temprana diseñados para neutralizar la capacidad operativa del crimen organizado.
De acuerdo con los datos presentados en el Segundo Informe de Gobierno, la autoridad fiscal intensificó los procedimientos de fiscalización e investigación patrimonial sobre contribuyentes que mostraron inconsistencias severas entre sus ingresos declarados y los flujos en sus tarjetas. La cifra refleja un avance en la supervisión de los flujos monetarios que circulan por la banca comercial del país.
Estas inmovilizaciones representan el resultado de un trabajo coordinado entre los organismos reguladores del sistema financiero y las entidades bancarias privadas. La estrategia apunta a estrangular las estructuras financieras antes de que los fondos de origen dudoso puedan integrarse a la economía formal.
Las instituciones bancarias congelaron miles de cuentas por orden del fisco para detener el flujo de capitales ilícitos.
SAT integró a más de mil personas en la Lista de Personas Bloqueadas
Durante el mismo periodo de reporte, el SAT emitió 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión formal de 1,508 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Dentro de este conjunto de contribuyentes sancionados, 1,010 corresponden a personas físicas y 498 a personas morales, lo que les impide realizar cualquier tipo de movimiento bancario, retiro o transferencia en el sistema nacional.
Adicionalmente, el fisco incorporó a la lista a 56 personas físicas calificadas con designación internacional, dando cumplimiento estricto a las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). Estas acciones buscan mantener la alineación de México con los estándares globales en materia de combate al terrorismo y la delincuencia transnacional.
El cerco financiero se reforzó a través del intercambio de información estratégica con las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 14 jurisdicciones internacionales. Esta colaboración bilateral ha permitido identificar esquemas complejos de lavado de dinero que operan entre fronteras, optimizando el rastreo de los beneficiarios finales de las empresas fantasma.
La inclusión de personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas frena las operaciones comerciales no reguladas.
SAT fortalece la cooperación con Estados Unidos contra el crimen organizado
En el marco de la estrategia conjunta pactada entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (DTEU), la dependencia contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción prioritarias a principios de 2026. Este esfuerzo binacional facilitó la ubicación de objetivos prioritarios para ambas naciones y el seguimiento de activos de origen ilícito.
Por otra parte, el país avanzó en su proceso de Evaluación Mutua ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante las tres últimas semanas de marzo de 2026, las autoridades nacionales recibieron a los evaluadores internacionales en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para comprobar la efectividad de las leyes mexicanas contra el blanqueo de capitales.
El gobierno mexicano rinde cuentas ante el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre la supervisión de depósitos.
El inmovilizado masivo de las casi 16 mil cuentas bancarias se posiciona como el pilar central de la política de inteligencia financiera para desarticular la logística monetaria de los grupos delictivos en el país.
