El máximo tribunal determinó que los descuentos a pensiones complementarias son válidos si garantizan prestaciones superiores a las de la ley.
Fallo de la Suprema Corte que afecta a jubilados del IMSS.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución trascendental para el sistema de seguridad social en México. El máximo tribunal determinó que las aportaciones económicas realizadas por personas jubiladas hacia fondos de pensiones previstos en contratos colectivos de trabajo son completamente válidas, siempre y cuando resulten objetivas, razonables y contribuyan a preservar la viabilidad financiera de una pensión complementaria.
Este histórico fallo tiene su origen en el caso de un extrabajador que, tras obtener su pensión por cesantía en edad avanzada a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), enfrentó un recálculo y descuentos en su pensión complementaria. Aunque un tribunal colegiado había considerado inconstitucionales dichos cobros iniciales, la Suprema Corte aclaró que los criterios de las pensiones legales no pueden trasladarse automáticamente a los esquemas extralegales.
De acuerdo con la resolución del Amparo Directo en Revisión 1038/2026, emitido el pasado 31 de agosto de 2026, el Pleno explicó que las pensiones derivadas de un contrato colectivo pueden otorgar beneficios adicionales muy superiores a los previstos por la normatividad general. Por lo tanto, exigir una aportación mínima al jubilado está justificado si esto garantiza la supervivencia del propio fondo laboral.
Entre los beneficios adicionales que justifican esta aportación compartida destacan:
Obtención de una pensión que alcance hasta el 100 % del último salario percibido.
Actualización de las percepciones en los mismos términos que los salarios del personal activo.
Acceso garantizado a servicios médicos privados.
A pesar de avalar estos cobros, el Alto Tribunal fue enfático al precisar que esta resolución no significa que cualquier descuento al jubilado sea válido de forma automática. Cada aportación deberá ser estrictamente evaluada por las autoridades laborales correspondientes para evitar vulnerar los derechos de los pensionados.
Los tribunales colegiados tendrán la obligación de emitir nuevas resoluciones para analizar detenidamente cada caso. Deberán comprobar si las cláusulas del contrato colectivo de trabajo efectivamente prevén beneficios extralegales reales que justifiquen la aportación al fondo, actuando siempre conforme a los principios de realidad, buena fe y equidad contractual para proteger los ingresos de los adultos mayores en el país.