El Gobierno presentará un nuevo informe con avances en las pesquisas, nuevas líneas de trabajo, detenciones y resultados de las búsquedas.
Se cumplen 12 años del caso Ayotzinapa.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa cumple 12 años. Como cada 26 de septiembre, madres, padres, estudiantes y organizaciones sociales volverán a movilizarse para exigir verdad, justicia y conocer el paradero de los jóvenes.
En la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum confirmó que el informe sobre los avances del caso se presentará el lunes y explicó que será elaborado por autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República (FGR). El documento incluirá las nuevas líneas de investigación, las detenciones realizadas y los elementos en los que se sustentan las pesquisas.
Durante la Mañanera del Pueblo en Tabasco, Claudia Sheinbaum explicó que la presentación del informe fue trasladada al lunes y que participarán el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez. El Gobierno de México ya había adelantado que el reporte contemplaría las nuevas líneas de investigación, los avances y los próximos pasos para localizar a los estudiantes.
"Lo movimos al lunes el informe de Ayotzinapa. Va a ser el lunes, lo va a dar el secretario de Derechos Humanos, Arturo, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Lo van a dar conjuntamente. El viernes había demasiadas actividades y mañana la marcha por los 12 años de Ayotzinapa", explicó.
"Nosotros tenemos nuestras investigaciones. No sabemos a calificar o no las manifestaciones que hay en el país. Siempre buscamos y hacemos el llamado que sean pacíficas", detalló y agregó: "El martes podemos comentar en la Mañanera con más detalle, después del informe que se presentará el lunes".
"Lo que decidimos desde que entramos, en principio con el fiscal Gertz Manero y después con la fiscal Ernestina Godoy, es realizar otras líneas de investigación que no se habían seguido", detalló la mandataria. Entre ellas, está la información del uso de los teléfonos celulares en esa noche y madrugada del 26 de septiembre.
"De todo ya están informados las madres y padres de Ayotzinapa. Estuve con ellos hace un mes más o menos", añadió.
El mes pasado, la FGR informó la detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, identificado oficialmente como Ángel "N". El 12 de agosto, la Fiscalía señaló que fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de que habría ocultado información de alta relevancia relacionada con la investigación de los 43 estudiantes.
La Fiscalía sostuvo que la nueva investigación también contempla líneas relacionadas con información que habría sido omitida o destruida durante las primeras pesquisas. Entre ellas aparece el análisis de cámaras ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala y de las comunicaciones registradas durante la noche de los hechos.
La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" fueron atacados en Iguala, Guerrero. Los jóvenes habían llegado a la ciudad en autobuses que habían tomado para trasladarse a la Ciudad de México (CDMX), donde tenían previsto participar en las movilizaciones por el aniversario de la masacre de Tlatelolco.
Durante los ataques intervinieron distintas corporaciones de seguridad y los estudiantes fueron perseguidos en diferentes puntos de Iguala. El saldo fue de seis personas asesinadas, decenas de heridos y 43 estudiantes desaparecidos. La ONU-DH documentó posteriormente que el papel de diversas fuerzas de seguridad en los hechos continuaba bajo investigación.
En enero de 2015, la entonces Procuraduría General de la República presentó una explicación oficial según la cual los jóvenes habían sido entregados por policías municipales a integrantes de un grupo criminal, quienes los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al río San Juan.
Esa explicación, conocida como la "verdad histórica", fue cuestionada por investigaciones posteriores. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó que las pruebas disponibles no respaldaban esta posibilidad.
La investigación quedó atravesada por denuncias sobre tortura y detenciones arbitrarias. En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analizó los expedientes de 63 personas procesadas por el caso Ayotzinapa, entre ellas policías municipales y otros presuntos involucrados en la investigación. En 34 casos encontró elementos que indicaban la comisión de actos de tortura.
El informe de Naciones Unidas señaló un "modus operandi prácticamente uniforme" en las detenciones y denunció demoras en la presentación de los detenidos ante el Ministerio Público. También registró explicaciones consideradas no plausibles para las lesiones que presentaban algunos, como supuestos autogolpes, caídas o lesiones anteriores.
El organismo aclaró que ese informe buscaba analizar las irregularidades cometidas durante la investigación.
Las familias de los 43 normalistas iniciaron esta semana una jornada de movilizaciones por el aniversario número 12. Las actividades comenzaron en Guerrero y continuaron en CDMX con protestas frente a distintas instituciones.
Uno de los principales reclamos de los padres es el acceso a información que permanece en poder del Ejército. Durante una marcha realizada en Chilpancingo, denunciaron que las Fuerzas Armadas mantienen 853 folios relacionados con el caso y exigieron su entrega por considerar que pueden aportar información sobre el paradero de los estudiantes.
El jueves 24 de septiembre, las familias se movilizaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir una explicación sobre la recomendación que el organismo emitió en julio. Los padres cuestionan que el documento descarta la responsabilidad del Ejército y sostienen que esa postura contradice elementos señalados en los informes del GIEI sobre la posible participación militar en los hechos.
Para este viernes 25 está prevista una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que el sábado 26 se realizará la marcha nacional que partirá del Ángel de la Independencia y tendrá como destino el Zócalo de la CDMX, donde los familiares realizarán un mitin.