El polémico caso que indignó a la sociedad sonorense tras la difusión masiva de un video en redes sociales ha dado un paso firme en el ámbito judicial. Las autoridades estatales confirmaron el estatus legal de las tres menores de edad implicadas en el incidente donde se documentó cómo incitaban a una niña de apenas dos años de edad a consumir un cigarrillo electrónico o vapeador en la ciudad de Hermosillo.
Durante la más reciente conferencia de prensa semanal del Ejecutivo estatal, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que las tres jóvenes ya se encuentran formalmente judicializadas. Sin embargo, debido a las normativas del sistema de justicia para adolescentes, las acusadas enfrentarán su proceso legal en total libertad, a la espera de su primera comparecencia ante un juez programada para el próximo 30 de noviembre.
El contexto de los hechos: un descuido durante un servicio funerario
El titular del Ministerio Público estatal aprovechó la tribuna pública para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo este acto de negligencia. Salas Chávez detalló que el incidente tuvo lugar al interior de una funeraria, momento en el cual los padres de la menor afectada se encontraban participando en un servicio fúnebre familiar y confiaron el cuidado temporal de la pequeña a una de las jóvenes ahora imputadas.
Lejos de salvaguardar la integridad de la infante, las encargadas convirtieron la situación en un acto de irresponsabilidad que documentaron con sus propios teléfonos celulares. "Esta adolescente empieza a acercarle el vape a la niña para que consuma, otra estaba filmando y una más participando en lo que consideraban un juego", explicó el Fiscal sonorense, confirmando que las edades de las involucradas corresponden a dos jóvenes de 16 años y una tercera de apenas 14 años de edad.
Cargos imputados, protección a la víctima y próximos pasos legales
A pesar de la gravedad de las imágenes que circularon en internet, el marco jurídico actual establece restricciones severas sobre las medidas cautelares aplicables a los menores infractores en el país. Las autoridades confirmaron que, por su condición de edad, los delitos de los que se les acusa no tienen aparejada la prisión preventiva oficiosa, motivo por el cual permanecen en libertad hasta que inicie formalmente el desahogo de pruebas en los juzgados especializados.
En cuanto a la tipificación de las conductas delictivas, la Fiscalía adelantó que las adolescentes enfrentarán cargos por maltrato infantil y violación a la privacidad, un agravante directo derivado de haber grabado a la víctima menor de edad y haber exhibido el material en plataformas digitales sin consentimiento. Mientras el tribunal de justicia para adolescentes se prepara para la audiencia de citación a fin de mes, las dependencias de protección y la propia Fiscalía confirmaron que la pequeña de dos años se encuentra en perfecto estado de salud y bajo el resguardo seguro de sus padres.