El cerco legal contra los deudores alimentarios en México se cierra cada vez más, trasladándose ahora al derecho de movilidad. En una decisión administrativa sin precedentes por su aplicación estricta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz ha confirmado que cancelará el acceso a la licencia de conducir a todas las personas que incumplan con la pensión alimenticia de sus hijos.
Cancelan todas las licencias de conducir de los mexicanos que no cumplan con esta obligación
La medida entra en vigor en Veracruz y se perfila como un modelo a seguir en el resto del país. Checa de qué se trata.
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Qué licencias cancelarán en Veracruz.
Esta nueva disposición no es una sugerencia, sino un bloqueo administrativo total. Quienes figuren en la lista negra de morosos ya no podrán obtener, renovar ni tramitar su permiso vehicular, endureciendo los requisitos para poseer este documento oficial y utilizándolo como mecanismo de presión para garantizar el interés superior de la niñez.
El nuevo requisito obligatorio: ¿qué es el RNOA?
La dependencia estatal anunció a través de sus canales oficiales que, a partir de ahora, se suma un documento indispensable a la lista de requisitos: el Certificado de No Inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).
“Por disposición oficial, para realizar tu trámite de licencia de conducir deberás entregar el Certificado de No Inscripción al RNOA. Toda persona que sea deudor alimentario no podrá obtener la licencia”, sentenció la SSP en un comunicado contundente.
El RNOA es una base de datos gestionada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Su función es identificar públicamente a quienes han dejado de cumplir con el pago de pensiones dictadas por un juez. Al vincular este registro con los trámites vehiculares, el estado busca combatir la impunidad y la evasión de responsabilidades parentales.
Fundamento Legal: e artículo 135 septies
Esta restricción no es arbitraria; tiene un sólido respaldo jurídico. Se basa en el artículo 135 septies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Este marco normativo faculta a las autoridades a exigir el certificado de no inscripción como condición para realizar trámites administrativos y notariales, convirtiendo la licencia de conducir en una herramienta de cobro coactivo indirecto.
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