La Comisión Federal de Electricidad (CFE) endurecerá sus medidas durante el mes de junio, aplicando la suspensión del suministro eléctrico a todas aquellas viviendas que presenten adeudos vencidos. De acuerdo con las Condiciones Generales del Contrato de Suministro Básico, las familias mexicanas que no regularicen su situación financiera antes de las fechas límite establecidas verán interrumpido su servicio de luz de forma inmediata.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) recordó que los usuarios cuentan con un periodo de gracia diseñado para evitar la pérdida del servicio. Los calendarios financieros de la paraestatal estipulan que la fecha límite de pago se fija entre 15 y 20 días posteriores a la emisión del recibo de luz.
Plazos críticos y costo por reconexión del servicio eléctrico
Una vez que se cumple la fecha de vencimiento impresa en el documento sin haber realizado el depósito, se activa un reloj de contingencia que otorga un periodo de gracia de 30 días naturales. Durante este lapso, la CFE emite notificaciones y recordatorios constantes, y el usuario aún puede liquidar su saldo mediante plataformas digitales o en ventanillas.
No obstante, al expirar estos 30 días, el escenario se vuelve crítico: el consumidor entra en un plazo definitivo de 15 días naturales para pagar el adeudo acumulado. Si no lo hace, se ejecuta el corte de energía y, para recuperar el suministro, el titular de la cuenta deberá cubrir obligatoriamente una tarifa adicional por reconexión. El tiempo estimado de restablecimiento tras el pago es de 24 horas en zonas urbanas y de hasta 72 horas en regiones rurales, debido a las complejidades de traslado del personal técnico.
Además de la falta de pago, la CFE reiteró que existen causales graves que ameritan la rescisión inmediata del contrato y el corte definitivo de energía de forma permanente:
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Alterar el medidor o utilizar las conexiones clandestinas conocidas popularmente como "diablitos" para evadir el consumo real.
Hacer un uso indebido de la red, lo cual incluye suministrar energía a terceros sin autorización o conectar instalaciones irregulares que pongan en riesgo la infraestructura pública.
Presentar fallas graves en la instalación eléctrica interna del domicilio que representen un peligro inminente para la red de distribución o para otras viviendas.