CFE en el banquillo: el Istmo le cobra los electrodomésticos arruinados y va por más

La CFE enfrenta demandas masivas en Oaxaca por apagones que destruyeron refrigeradores, insulina y alimentos. Lo que exigen los afectados va mucho más lejos.

 CFE en el banquillo: el Istmo le cobra los electrodomésticos arruinados y va por más

Cientos de vecinos del Istmo de Tehuantepec llegaron este martes a Unión Hidalgo con una certeza y un papel en la mano: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les debe. Les debe un refrigerador, una dosis de insulina, kilos de comida echada a perder y tres días sin luz que nadie les va a devolver. Por eso firmaron. Por eso se formaron desde temprano en el atrio de la iglesia de San Pedro, en Rancho Gubiña, y por eso la historia de cada uno de ellos se parecía demasiado a la del de enfrente.

La jornada de firmas de demandas de amparo contra la CFE reunió a usuarios provenientes de Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Unión Hidalgo y San Dionisio del Mar, municipios que llevan meses registrando apagones constantes, variaciones de voltaje y un servicio eléctrico que, según los afectados, no cumple con los estándares mínimos. No es la primera vez que la paraestatal enfrenta la indignación de esta región: en los últimos meses ha habido tomas de oficinas y cierres de carreteras protagonizados por comunidades hartas de reclamar sin respuesta.

Lo que distingue esta acción colectiva es que va más allá del reclamo callejero. Un despacho jurídico integrado por abogados de Unión Hidalgo organizó el proceso formal para interponer amparos y exigir ante la justicia lo que las quejas al número de atención al cliente no lograron: que la CFE pague, que repare y que garantice el suministro.

CFE frente al argumento legal: ¿por qué está obligada a pagar daños?

El fundamento jurídico de las demandas no es menor. Los abogados que encabezan el proceso sostienen que la CFE, como empresa productiva del Estado encargada de prestar el servicio público de energía eléctrica, tiene obligaciones legales concretas: mantener en condiciones óptimas su infraestructura, garantizar el suministro sin interrupciones injustificadas y, cuando sus fallas provocan daños materiales a los usuarios, responder económicamente por ellos.

Comunidades del Istmo de Tehuantepec se organizaron para demandar colectivamente a la CFE por los apagones que han dañado electrodomésticos y afectado la calidad de vida de miles de familias oaxaqueñas.

En términos prácticos, esto significa que si un apagón o una variación de voltaje atribuible a la CFE dañó un electrodoméstico, el usuario tiene derecho a reclamar la reposición o el pago del equipo. La ley federal de protección al consumidor, así como la normativa específica del sector eléctrico, contemplan mecanismos para ese tipo de reclamaciones, aunque en la práctica las empresas estatales suelen dilatar o rechazar los pagos hasta que un juez los obliga.

El mismo despacho jurídico ya tiene un precedente exitoso: ganó recientemente una demanda contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que fue obligado por resolución judicial a construir una clínica en Unión Hidalgo. Ese antecedente, cuentan, fue el que convenció a muchos vecinos de que vale la pena presentarse ante un juez.

CFE y el costo humano de los apagones: insulina, comida y tres días a oscuras

En la fila que se extendía por el atrio, cada historia tenía su propio tono de urgencia. Doña Carmen, ama de casa, llegó con su factura bimestral y su identificación bajo el brazo. "Las variaciones de voltaje me dañaron mis electrodomésticos. Ojalá la CFE pague esos daños y por eso vine a firmar mi demanda", dijo con la voz firme de quien ya superó la etapa de la queja y pasó a la de la acción.

Más adelante en la fila, otra mujer relataba que el apagón más reciente duró tres días completos. En ese tiempo se le echó a perder la comida que tenía guardada y, lo más grave, la insulina que requería refrigeración. El daño no fue solo económico: fue un riesgo para su salud. Casos así ilustran por qué el reclamo colectivo tiene una dimensión que va más allá de lo material.

El amparo se consolida como una herramienta legal cada vez más utilizada por ciudadanos que buscan obligar a empresas del Estado a cumplir sus obligaciones de servicio y reparar los perjuicios causados a la población.

Los documentos requeridos para sumarse a la demanda eran simples: identificación oficial y el recibo bimestral de la CFE. Esa sencillez del proceso explica, en parte, la masiva respuesta de comunidades que no siempre tienen fácil acceso a asesoría legal.

Las demandas no solo exigen el pago por electrodomésticos arruinados. El pliego de agravios que los abogados presentarán ante el Poder Judicial incluye tres ejes centrales: que la CFE asuma la responsabilidad económica por los daños materiales causados a los usuarios, que cumpla con su obligación de dar mantenimiento preventivo y correctivo a sus instalaciones en la región, y que garantice el acceso continuo a la electricidad, incluyendo la aplicación de tarifas preferenciales para las comunidades del Istmo, que históricamente han generado energía eólica sin recibir beneficios equivalentes a cambio.

Este último punto es especialmente sensible en una región donde decenas de parques eólicos producen electricidad que se integra a la red nacional, mientras sus habitantes enfrentan cortes de luz que pueden durar días. La tensión entre lo que la región aporta al sistema eléctrico y lo que recibe a cambio es, para muchos de los demandantes, la contradicción más difícil de justificar.