En el marco del fortalecimiento a la estrategia nacional de seguridad y justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la Mañanera del Pueblo de este martes la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en México, una medida enfocada en atender la sobrepoblación carcelaria y reforzar el control del sistema penitenciario en regiones prioritarias del país.
La mandataria federal precisó que estas obras se distribuirán estratégicamente en entidades con alta relevancia geográfica y operativa. Los estados seleccionados para albergar los nuevos complejos son Chiapas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz y el Estado de México (Edomex), zonas donde se busca robustecer la capacidad institucional y las condiciones de reclusión bajo un modelo de estricto apego a los derechos humanos y la legalidad.
Financiamiento público y fin a la privatización carcelaria
Uno de los pilares centrales de este anuncio radica en la reestructuración financiera y operativa de las instalaciones. Sheinbaum confirmó que el financiamiento de estos centros ya se trabaja en coordinación con la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de asegurar los recursos fiscales necesarios sin comprometer la estabilidad presupuestaria ni recurrir a esquemas de endeudamiento lesivos para las arcas de la nación.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal marcó una clara ruptura con los modelos de administraciones pasadas, descartando por completo las concesiones a empresas particulares. "No van a ser centros operados por privados como fue en el periodo anterior", enfatizó la presidenta, señalando los altos costos y las irregularidades que históricamente representaron los contratos de prestación de servicios penitenciarios para el erario público.
Bajo este nuevo esquema de rectoría estatal, la custodia y dirección técnica de los reclusorios quedará enteramente en manos de las corporaciones oficiales. Los centros serán operados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) o las Secretarías de Seguridad estatales, garantizando que el control, la vigilancia y las políticas de reinserción social respondan directamente al interés público y a la estrategia de pacificación nacional.