El Gobierno federal ordenó la ocupación temporal de predios en Querétaro y Guanajuato para acelerar la construcción del nuevo tren interurbano.
Claudia Sheinbaum decreta toma de tierras para nuevo tren.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso definitivo para la consolidación de la red ferroviaria en el centro del país. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 20 de agosto de 2026, el Ejecutivo federal declaró de utilidad pública y ordenó la ocupación temporal inmediata de 326,930.902 metros cuadrados de terreno.
Esta medida gubernamental afecta directamente a 112 inmuebles de propiedad privada ubicados en una zona estratégica del Bajío mexicano. Los predios requeridos se distribuyen en el municipio de Querétaro, en el estado homónimo, así como en los municipios guanajuatenses de Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Salamanca e Irapuato.
La apropiación temporal de estas tierras tiene como objetivo exclusivo avanzar en el proyecto denominado "Construcción de la Vía Férrea para prestar el servicio de transporte de pasajeros Querétaro-Irapuato". Esta infraestructura es una parte sectorial del megaproyecto prioritario ferroviario que busca consolidar la ruta México-Querétaro-León-Aguascalientes.
En el documento oficial, el Gobierno federal justifica esta acción señalando que el tren buscará reducir los tiempos de viaje y aumentar la conectividad entre ciudades. Al integrar un sistema ferroviario mixto eficiente en los estados de Querétaro y Guanajuato, se pretende ofrecer una alternativa rápida y segura frente a la vulnerabilidad y saturación de las redes carreteras actuales.
La ocupación y administración de los 112 polígonos privados quedará a cargo de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, la instancia competente sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encargada de ejecutar las acciones de la obra.
Para brindar certidumbre legal y financiera a los propietarios afectados, el decreto de la Presidencia de la República establece directrices claras sobre el resarcimiento económico:
Las indemnizaciones por la ocupación temporal deberán consistir en una compensación a valor de mercado.
El pago se realizará con el presupuesto autorizado de la Agencia, tomando como base los dictámenes valuatorios emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Los dueños contarán con un plazo estricto de diez días hábiles a partir de su notificación para iniciar un procedimiento judicial con el único objetivo de controvertir el monto económico de la indemnización.
El mandato gubernamental también aclara que la ocupación temporal sobre estos inmuebles dejará de surtir efectos legales en el momento en que se decrete la expropiación definitiva de los mismos, o bien, si se formaliza la adquisición de estos mediante cualquier acto jurídico traslativo de dominio. Esta medida ordenatoria dictada por la Presidencia entró en vigor de manera inmediata desde el día de su publicación en el DOF.