La reforma establece penas para quienes usen elementos oficiales con fines comerciales para engañar a personas y cometer fraudes.
Claudia Sheinbaum desmiente la Ley Antimemes.
Durante la Mañanera del Pueblo, Claudia Sheinbaum aseguró que la llamada Ley Antimemes no prohíbe los memes ni las críticas en redes sociales y rechazó que exista algún artículo de la reforma que contemple esas restricciones. La presidenta explicó que las modificaciones están relacionadas con la protección de la propiedad intelectual y con el uso de elementos oficiales para cometer fraudes.
Luisa María Alcalde, de la Consejería Jurídica, explicó el alcance de la reforma y señaló que el artículo 403 Bis se refiere al uso de la identidad gráfica, dominios electrónicos y documentos oficiales para hacerse pasar por instituciones públicas con la intención de engañar y cometer un ilícito.
Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum rechazó las versiones que relacionan la reforma con una prohibición de memes y cuestionó las publicaciones que la presentan de esa manera.
"No prohíbe ningún meme. Es más, es la Ley de Defensa de Derecho de Autor. No tiene nada que ver con memes. Increíble ocho columnas de un periodista diciendo mentiras. No hay ni un solo artículo donde se mencione eso", apuntó.
La Presidenta explicó que el objetivo de la modificación es atender situaciones en las que se utilizan imágenes o elementos de instituciones públicas para cometer fraudes mediante contenidos falsos. Como ejemplo, mencionó videos creados con inteligencia artificial (IA) para hacerse pasar por funcionarios.
"Luisa María va a aclarar un artículo relacionado con la comercialización o uso ilegal con las imágenes de gobierno para hacer fraude. De pronto sale un video con IA del director del IMSS diciendo una falsedad para cometer un fraude. O un video mío llamando a la gente que invierta en una cuenta, que es de Pemex, porque ya ocurrió", detalló.
Sheinbaum agregó que este tipo de conductas no estaban tipificadas de la misma manera y sostuvo que la reforma busca establecer un mecanismo para sancionarlas: "No estaba tipificado como delito y es un delito. Mucha gente lamentablemente puede caer en una situación así. Tiene que haber un instrumento jurídico que permita sancionar y, en su caso, que también se le regrese su dinero a las personas que cayeron en un fraude de este tipo. Nada que ver con lo político".
Por su parte, Luisa María Alcalde explicó que la reforma contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. La funcionaria sostuvo que las referencias a una supuesta prohibición de memes, críticas o sátira no aparecen en el texto de la reforma.
"Se dice de manera engañosa que lo que se pretende es limitar los memes o las críticas. No habla de críticas, de memes, de sátira. Lo que se está regulando es la piratería y, en específico, en el artículo al que hacen mención, es sobre el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito", explicó.
Alcalde ejemplificó que la norma podría aplicarse a sitios de internet que se hagan pasar por funcionarios o instituciones públicas para solicitar dinero a los ciudadanos.
"Por ejemplo, páginas de internet que pretenden hacerse pasar como funcionarios del IMSS para recalcularte tus pensiones y te piden: 'Hazme estos depósitos' y yo te recalculo tus pensiones. O se hacen pasar por la UIF, para decirte: 'Hemos detectado irregularidades, haz estos depósitos para poderte regularizar'. O por la Secretaría de Hacienda o Buen Gobierno. Nada tiene que ver con los memes", destacó.
Y agregó: "En ningún lado se hace referencia a nada de lo que hoy expresa el periódico Reforma o otros medios de comunicación".
El artículo 403 Bis establece textualmente: "Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio".