Rosa Icela Rodríguez fue la encargada de brindar los detalles en la Mañanera del Pueblo de este martes en el Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum presenta su Plan B de Reforma Electoral.
El Gobierno federal dio a conocer una nueva propuesta en materia electoral. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Plan B de la Reforma Electoral, el cual busca reducir costos, eliminar privilegios y reforzar la fiscalización de partidos y autoridades electorales.
La exposición estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que la iniciativa se rige por los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación.
Uno de los ejes principales del plan es el recorte al gasto en estructuras políticas y administrativas.
Entre las medidas más relevantes destacan:
Municipios: reducción del número de regidurías, con un rango de entre 7 y 15, además de limitar a una sola sindicatura por municipio.
Congresos locales: se establece un tope presupuestal de 0.70% del presupuesto estatal.
Senado: reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15% menos.
El gobierno federal señaló que los recursos ahorrados serán redirigidos a obras de infraestructura en estados y municipios.
El Plan B también contempla límites estrictos a las remuneraciones dentro de los organismos electorales.
De acuerdo con la propuesta:
Consejeros del Instituto Nacional Electoral
Magistrados de tribunales electorales
Funcionarios de órganos electorales locales
No podrán ganar más que la Presidencia de la República, replicando el principio de austeridad en toda la estructura electoral.
Dentro de las modificaciones legales planteadas, se incluyen ajustes clave en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Tope a remuneraciones en el INE y en los OPLEs
Regulación de salarios en tribunales electorales locales
Inicio de cómputos electorales desde la llegada del primer paquete tras la jornada
Implementación de tecnologías para la fiscalización
Convenios entre autoridades para mejorar la supervisión electoral
Además, se establecen esquemas más claros para el conteo de votos tanto a nivel federal como local.
El paquete también propone cambios a la Ley General de Partidos Políticos, enfocados en mayor transparencia y control financiero:
Obligación de transparentar salarios de dirigentes partidistas
Reporte en tiempo real de operaciones financieras mediante el sistema bancario
Tope de remuneraciones de hasta 1,500 UMAs
Prohibición de recursos de origen ilícito o no comprobable
Prohibición de financiamiento extranjero y aportaciones en efectivo
Estas medidas buscan cerrar espacios a irregularidades en el financiamiento político.
Otro de los puntos incluidos es la regulación de la revocación de mandato presidencial, que se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno (2027 o 2028 en el actual sexenio).
El objetivo, según el gobierno, es fortalecer la participación ciudadana y permitir que la población decida sobre la continuidad del Ejecutivo federal.
El Plan B pone énfasis en mejorar los mecanismos de fiscalización mediante herramientas tecnológicas y coordinación entre instituciones.
Con ello, se busca:
Detectar irregularidades financieras en partidos
Fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos
Reducir riesgos de corrupción electoral
La presentación de este Plan B representa un nuevo intento del gobierno federal por modificar el sistema electoral mexicano, tras debates previos en el Congreso.
De acuerdo con las autoridades, el enfoque central es reducir costos del sistema electoral sin comprometer su funcionamiento, al tiempo que se refuerzan los controles sobre partidos políticos y autoridades encargadas de organizar elecciones.
La iniciativa deberá ahora seguir su curso legislativo, en medio de un escenario político que anticipa un debate intenso sobre el futuro del modelo electoral en México.