El combate a la violencia de género en el país ha dado un paso decisivo desde el Ejecutivo federal. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una ambiciosa iniciativa de Ley General enfocada en erradicar uno de los crímenes más lacerantes que enfrenta la sociedad, endureciendo drásticamente los castigos para los agresores.
Claudia Sheinbaum propone 70 años de prisión para todos los mexicanos que cometan este delito
Durante la Mañanera del Pueblo, se presentó la iniciativa de Ley General contra el feminicidio, buscando homologar el delito a nivel nacional mediante una reforma constitucional.
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Se presentó la Ley General contra el feminicidio.
A través de Ernestina Godoy, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se detalló el alcance de este nuevo marco normativo. El principal objetivo es prevenir, investigar, sancionar y garantizar la reparación del daño a las víctimas de feminicidio, mandando un contundente mensaje de cero impunidad.
Hasta 70 años de cárcel y el fin de las lagunas legales estatales
La pieza central de esta iniciativa legislativa es el incremento sustancial de las sanciones. El proyecto contempla penas máximas de hasta 70 años de prisión para quienes resulten culpables de cometer este delito. Sin embargo, para que esta condena ejemplar se aplique de manera uniforme y sin excepciones en todas las entidades, se requiere una reestructuración jurídica profunda.
El plan de acción técnico establecido por la FGR traza una ruta clara para lograr esta transformación en el sistema de justicia penal:
- El primer paso, la Constitución: se plantea una reforma constitucional al artículo 73. Esta modificación es indispensable para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación general y única en materia de violencia feminicida.
- Homologación del tipo penal: Eel objetivo central es establecer una definición legal uniforme del delito de feminicidio y sus sanciones para todo el país, eliminando las actuales discrepancias que existen entre los códigos penales de cada estado.
- Mayor coordinación entre autoridades: al contar con un solo marco de referencia, se cerrará el paso a los vacíos legales y se permitirá una colaboración mucho más eficiente entre las fiscalías estatales, las policías locales y las dependencias federales.
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