La política salarial impulsada en los últimos años redujo la pobreza laboral a su nivel más bajo registrado, elevando el ingreso básico mensual a 9,582 pesos.
La mandataria tuvo un gran logro en estas semanas.
El salario mínimo en México ha experimentado una recuperación histórica del poder adquisitivo del 154 por ciento durante las administraciones de la Cuarta Transformación, al pasar de un promedio de dos mil 800 pesos mensuales en 2018 a nueve mil 582 pesos mensuales en 2026. Esta evolución busca resarcir el rezago acumulado en los ingresos de la fuerza laboral y fortalecer la capacidad de compra de las familias mexicanas.
Como resultado directo de esta política laboral, el indicador de pobreza laboral alcanzó en 2026 su nivel más bajo registrado, reduciendo el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Autoridades federales señalaron que se continuará trabajando de manera permanente para consolidar el bienestar de la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida dignas para la población.
Este ajuste sostenido en el estipendio básico representa una ruptura con las tendencias observadas en décadas anteriores, donde las revisiones salariales solían ubicarse por debajo o a la par de la inflación acumulada. El enfoque actual prioriza la dignificación del trabajo mediante incrementos graduales pero significativos, contrarrestando la pérdida del valor real del dinero y dinamizando el mercado interno a través de un mayor flujo de consumo en los hogares.
El fortalecimiento de los ingresos de los trabajadores no solo impacta de forma directa en la economía doméstica, sino que también funciona como un motor de justicia social para mitigar la desigualdad estructural. De acuerdo con analistas del sector, el sostener montos superiores a la línea de bienestar mínimo permite que una mayor proporción de familias pueda cubrir no solo necesidades alimentarias básicas, sino también rubros fundamentales como vivienda, salud y educación.
Asimismo, la reducción paulatina de la pobreza laboral en el país genera un entorno económico favorable para las micro, pequeñas y medianas empresas, al haber una mayor liquidez económica distribuida en los sectores populares. Las autoridades laborales han reafirmado su compromiso de dar seguimiento a estas medidas de fortalecimiento salarial, con la meta de mantener la estabilidad económica sin desatender los derechos laborales de la población.