El Partido Acción Nacional recurre a La Haya para exigir una investigación formal contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando una "colaboración permisiva" del Estado con los cárteles del narcotráfico durante su sexenio.
Checa la situación que involucra a AMLO.
El escenario político de México vuelve a sacudir la arena internacional. En una ofensiva jurídica sin precedentes, el Partido Acción Nacional (PAN) formalizó una denuncia en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
La dirigencia del partido blanquiazul argumenta que la crisis de violencia vivida durante el pasado sexenio no es una casualidad, sino el resultado directo de presuntos crímenes de lesa humanidad propiciados por una supuesta política de Estado permisiva hacia el crimen organizado.
De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal internacional, la cúpula panista sostiene que la estrategia de seguridad centralizada en el lema "abrazos, no balazos" derivó en un híper empoderamiento de los cárteles de la droga. Para la oposición, las masacres, los desplazamientos forzados de comunidades enteras y el control territorial de diversas regiones del país evidencian una deliberada y sistemática colaboración permisiva por parte del Estado Mexicano.
La cúpula nacional del PAN, encabezada por su líder Jorge Romero, enfatizó que se recurre a instancias internacionales debido a la presunta pérdida de autonomía en los contrapesos domésticos. El partido señaló que en el plano local ya no existen las condiciones institucionales para garantizar una investigación transparente e independiente, acusando directamente que tanto las fiscalías como el Poder Judicial han sido capturados por Morena.
El balance que acompaña la denuncia destaca un panorama crítico: un acumulado histórico de aproximadamente 200 mil homicidios y más de 51 mil personas desaparecidas durante la administración de López Obrador. Ante este escenario, la oposición busca que el fiscal de la CPI evalúe si la pasividad gubernamental u omisión en el combate al narcotráfico encuadra en los supuestos penales del Estatuto de Roma para perseguir penalmente a los exfuncionarios involucrados.