El 2026 se perfila como el año de la digitalización total de la identidad mexicana. Con la implementación en marcha de la CURP Biométrica, el registro obligatorio de líneas telefónicas y la consolidación del Sistema Universal de Salud, el Estado mexicano concentrará una cantidad sin precedentes de información sensible de sus ciudadanos. Ante el temor de vigilancia masiva o filtraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado la postura oficial de su Gobierno sobre el manejo de la privacidad.
CURP Biométrica, credencial del Sistema Universal de Salud y registro de celulares: qué hará y que tiene prohíbido hacer el Gobierno de Claudia Sheinbaum con tus datos personales este 2026
Ante la integración masiva de bases de datos biométricos y clínicos, la Presidenta sale al paso de las críticas. Asegura que no existe vulneración en los sistemas gubernamentales y define quién es el único "dueño" de la información: el ciudadano.
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México avanza en la digitalización de los datos personales de su población.
En su más reciente intervención, la mandataria abordó las inquietudes sobre la seguridad de esta infraestructura digital, utilizando como punta de lanza el sistema de salud, pero estableciendo un principio rector para toda la administración: los datos están blindados y su titularidad es inalienable.
"Uno mismo es el dueño de los datos"
Frente a los cuestionamientos sobre posibles brechas de seguridad en la nueva plataforma que unifica los expedientes clínicos del IMSS, ISSSTE y el IMSS-Bienestar, Sheinbaum fue categórica al descartar cualquier vulneración.
La funcionaria afirmó que los datos personales de los usuarios “sí están protegidos” y subrayó un cambio de paradigma en la gestión gubernamental: la soberanía del usuario sobre su información. Explicó que “uno mismo es el dueño de los datos personales”, desestimando la idea de que el Estado se apropia de la información clínica o biométrica.
Bajo esta lógica, la Presidenta enfatizó que la interoperabilidad —el compartir datos entre instituciones— no será automática ni arbitraria; cada persona debe autorizar expresamente que su información pueda ser transferida de una dependencia a otra para recibir atención.
El candado judicial: la única excepción
Una de las mayores preocupaciones de los organismos de transparencia y derechos digitales es el uso de esta "Big Data" para fines de persecución o vigilancia. Al respecto, Sheinbaum delimitó la única frontera legal que permitiría al gobierno romper el secreto de datos.
Aclaró que el acceso a dicha información por parte de autoridades solo se permite en un escenario: en caso de la comisión de un delito y estrictamente bajo la orden de un juez. Sin un mandato judicial, los expedientes médicos, biométricos o de telecomunicaciones deben permanecer cerrados a terceros.
Para garantizar esto, la mandataria añadió que su administración cuenta con un programa de seguridad especializado diseñado para resguardar la integridad de los datos personales en el sistema, buscando dar certeza jurídica a los millones de mexicanos que este año transitarán hacia la identidad digital plena.
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