El desastre ambiental en Veracruz vinculado a Carlos Slim Helú: 800 toneladas de asbesto expuestas y posibles riesgos para miles de personas.
El desastre ambiental que Carlos Slim Helú intentó ocultar: millones de mexicanos respiraron asbesto por culpa de una compañía del magnate
Carlos Slim Helú ha construido su imagen como uno de los empresarios más influyentes de México y del mundo. Sin embargo, hace más de una década, una compañía vinculada a su conglomerado empresarial estuvo involucrada en un desastre ambiental que expuso a cientos —posiblemente miles— de personas a fibras de asbesto, un material reconocido internacionalmente como cancerígeno.
El episodio ocurrió en el Puerto de Veracruz, donde más de 800 toneladas de asbesto permanecieron durante meses al aire libre en la Central de Abasto. El material pertenecía a Mexalit, filial de Elementia, empresa en la que participaban Grupo Carso —de Carlos Slim Helú— y Grupo Kaluz, de la familia Del Valle.
Aunque el cargamento debía trasladarse a una planta en Tizayuca, Hidalgo, terminó apilado en costales en un estacionamiento rodeado de comercios y viviendas. El caso fue cubierto por diversos medios en 2013, pero con el paso del tiempo buena parte de esa información desapareció de internet, dejando una estela de preguntas sin respuesta.
En octubre de 2012, un cargamento de más de 800 toneladas de asbesto proveniente de Rusia llegó al Puerto de Veracruz. El material era utilizado como precursor para fabricar productos de construcción como láminas y tinacos, pese a que la Organización Mundial de la Salud ya había advertido que no existe nivel seguro de exposición.
El asbesto no llegó a su destino final. En lugar de ser trasladado directamente a la planta de Mexalit en Hidalgo, fue almacenado en la Central de Abasto de Veracruz. Permaneció ahí cerca de ocho meses.
Durante ese tiempo, al menos 3,000 costales se rompieron, dejando fibras de crisotilo expuestas al ambiente. Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) determinaron que existía un “peligro inminente” para la salud pública.
El asbesto es un mineral fibroso que puede alojarse en los pulmones durante décadas y provocar enfermedades como asbestosis, mesotelioma y cáncer pulmonar. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los efectos pueden manifestarse entre 10 y 40 años después de la exposición.
El transportista encargado de mover el cargamento fue Carlos López Barranca. Según su testimonio en procesos legales posteriores, el material no fue entregado porque Mexalit le habría indicado resguardarlo hasta nuevo aviso.
El asbesto fue trasladado al estacionamiento de la Central de Abasto bajo un acuerdo de almacenaje diario. Sin embargo, el conductor no contaba con permisos para transportar materiales tóxicos, de acuerdo con documentos judiciales.
La situación salió a la luz cuando el transportista denunció falta de pago. Fue entonces cuando las autoridades sanitarias y ambientales intervinieron. Para ese momento, las toneladas de asbesto ya habían permanecido meses a la intemperie.
El retiro del material se realizó hasta el 17 de julio de 2013, bajo supervisión oficial. Hasta hoy no existe información pública clara sobre un programa integral de seguimiento epidemiológico para trabajadores, comerciantes o vecinos potencialmente expuestos.
Cuando el caso se hizo público, periódicos nacionales y locales publicaron reportajes y fotografías sobre el hallazgo del asbesto. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas notas fueron retiradas o dejaron de estar disponibles en línea.
Para el manejo de la crisis reputacional, Elementia contrató a una firma de relaciones públicas que distribuyó comunicados a medios argumentando que Mexalit desconocía la ubicación del material y responsabilizando al transportista.
Reporteros que cubrieron el caso señalaron posteriormente que en un inicio desconocían que se trataba de asbesto y acudieron sin equipo de protección. Algunos describieron el material como un “polvo blanco brillante” esparcido entre costales rotos.
La desaparición progresiva de contenidos en internet alimentó sospechas sobre un intento por minimizar el impacto público del episodio.
Pese a la determinación de “peligro inminente” por parte de autoridades ambientales, nadie de la empresa enfrentó prisión efectiva. Mexalit recibió sanciones administrativas, pero no una condena penal.
El transportista fue sentenciado a un año de prisión por delitos contra la salud, aunque la pena fue conmutable y la enfrentó en libertad. La empresa argumentó que el asbesto era materia prima y que se convirtió en residuo peligroso únicamente por el manejo indebido del chofer. Tras una serie de amparos, evitó responsabilidades penales mayores.
En el momento del desastre ambiental, Elementia estaba integrada por accionistas de alto perfil. Grupo Carso mantenía cerca del 46% de participación, mientras que la familia Del Valle concentraba más del 35%.
Carlos Slim Helú había adquirido participación en Elementia tras una operación corporativa en 2009 y contaba con voz y voto en asambleas de accionistas. En mayo de 2022, Grupo Carso anunció que tomó el control mayoritario de la compañía.
Consultado sobre el episodio, Grupo Carso ha señalado que asumió el control total años después de los hechos y que no puede emitir comentarios sobre situaciones previas.
El caso del asbesto en Veracruz sigue siendo un ejemplo de cómo un material reconocido como cancerígeno pudo permanecer durante meses en un espacio público concurrido. A más de una década, no existe claridad sobre posibles afectaciones a la salud ni un fondo de compensación para los expuestos.
La pregunta persiste: ¿cuántas personas respiraron fibras de asbesto sin saberlo? Y, sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad si las consecuencias aparecen décadas después?
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