La Presidenta fijó una postura inamovible frente a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense. Condicionó cualquier investigación a la entrega de pruebas contundentes y advirtió que no tolerará injerencias extranjeras.
Comunicado de Claudia Sheinbaum en la Mañanera.
En un mensaje que eleva la tensión diplomática bilateral, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó la tribuna de su habitual conferencia matutina para lanzar una contundente advertencia al gobierno de Estados Unidos. Desde el atril de Palacio Nacional, la mandataria respondió de frente a las graves acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios estatales.
Lejos de ceder ante la presión mediática y judicial de Washington, Sheinbaum cerró filas en torno a la defensa de la soberanía nacional. Aunque dejó abierta la puerta a una investigación en territorio mexicano, condicionó cualquier acción legal a la entrega de evidencia irrefutable, sugiriendo que, de no existir sustento, la ofensiva estadounidense tendría un trasfondo estrictamente político.
Durante "La Mañanera", la titular del Ejecutivo federal fue tajante al delinear la línea de acción que tomará su administración frente a los señalamientos de fiscales extranjeros contra autoridades electas en México.
“No vamos a encubrir a nadie que haya cometido un delito, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”, sentenció Sheinbaum Pardo.
El mensaje de la presidenta no se limitó a la defensa del debido proceso, sino que escaló a un firme rechazo a lo que consideró un intento de vulnerar la autonomía del país. Con un tono enérgico, dejó claro que su gobierno no actuará por dictado de agencias extranjeras: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”.
La enérgica respuesta presidencial se produce apenas 24 horas después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York cimbrara el panorama político al presentar cargos formales contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más, a quienes vinculan directamente con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el expediente del Departamento de Justicia, la red de funcionarios habría operado como un escudo protector para la facción de “Los Chapitos” (liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán). Las acusaciones desglosan un complejo entramado de corrupción que incluye:
Narcotráfico a gran escala: Colaboración activa en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Protección e Inteligencia: Proporcionar información confidencial del gobierno y resguardo a los principales líderes del cártel para evadir operativos.
Violencia e impunidad: Se les acusa de permitir actos de violencia extrema, encubrir asesinatos y recibir sobornos a cambio de su complicidad operativa.
Fraude y coacción electoral: El documento estadounidense sostiene que Rocha Moya recibió apoyo directo de “Los Chapitos” para ganar la gubernatura de Sinaloa, presuntamente a través del secuestro y la intimidación de sus rivales políticos.
Entre la lista de los diez funcionarios señalados por la justicia estadounidense, además del gobernador estatal, destacan figuras clave de las fuerzas de seguridad pública de Sinaloa, así como el actual alcalde de Culiacán.
Mientras Washington presiona con sus expedientes en Nueva York, el Gobierno de México ha dejado claro que la pelota está en la cancha estadounidense: sin pruebas tangibles enviadas a través de los canales diplomáticos oficiales, no habrá persecución judicial en territorio nacional.
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