Durante las últimas dos décadas, la gentrificación en CDMX ha transformado barrios antes marcados por la vivienda familiar y el comercio tradicional en corredores dominados por cafeterías, restaurantes, hoteles y alojamientos temporales. A este cambio se suma la llegada de extranjeros con mayor poder adquisitivo, una dinámica que encarece el costo de vida y desplaza a los habitantes locales hacia la periferia.
El investigador de la UNAM, Giovanni Perea Tinajero, analiza el fenómeno también bajo el concepto de urbicidio, entendido como la erosión de la vida comunitaria y de la capacidad de los ciudadanos para apropiarse del espacio urbano. Según el académico, la capital mexicana está entre las ciudades con señales más visibles de gentrificación a nivel global, al punto de que el acceso a la vivienda y al espacio público queda cada vez más condicionado al ingreso económico.
Rentas de 20 mil pesos y traslados de hasta cuatro horas
El impacto sobre los alquileres se ha agudizado con plataformas como Airbnb y Booking, que incentivan a propietarios a destinar inmuebles al hospedaje temporal en lugar del arrendamiento tradicional. Inmuebles que antes rondaban los 5 mil pesos mensuales alcanzan ahora montos de entre 15 mil y 20 mil pesos, empujando a muchas familias fuera de sus colonias de origen.
Quienes no pueden afrontar esos precios se ven obligados a mudarse lejos de sus centros de trabajo, lo que deriva en trayectos diarios de entre tres y cuatro horas. Ese tiempo perdido en traslados resta horas de descanso, convivencia familiar y cuidado de la salud, profundizando lo que el especialista define como violencia estructural y fragmentación urbana en zonas como el Centro Histórico.
Frente a este escenario, Perea Tinajero sostiene que el derecho a la ciudad requiere marcos regulatorios firmes —citando como referencia medidas restrictivas aplicadas en Canadá sobre la compra residencial por extranjeros— para impedir que el mercado excluya a los residentes históricos. Garantizar la permanencia en los barrios exige tratar la vivienda como un derecho y no únicamente como un activo financiero.