La FGR arrestó al exgobernador de Guerrero por orquestar la desaparición de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala, pruebas fundamentales de la noche de Iguala.
Caso Ayotzinapa suma una nueva detención.
El caso Ayotzinapa ha sumado un episodio clave a casi 12 años de la tragedia: la Fiscalía General de la República (FGR) desmontó finalmente la versión oficial que aseguraba que las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala fallaron la noche del 26 de septiembre de 2014. Hoy, la autoridad federal afirma de forma contundente que esos videos existieron, que captaron a un grupo de normalistas siendo interceptados y que fueron retirados deliberadamente para ocultar la evidencia.
Esta revelación condujo a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ocurrida este 6 de agosto. Según las investigaciones de la FGR, las videograbaciones de seguridad fueron sustraídas de los servidores y entregadas directamente al entonces mandatario estatal bajo sus propias instrucciones, consolidando una operación de Estado para destruir una de las pruebas más importantes en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con el expediente y las reconstrucciones previas del GIEI y Forensic Architecture, las cámaras número 12 y 15 instaladas en el exterior del recinto judicial apuntaban directamente hacia el puente bajo el cual fue detenido el autobús Estrella de Oro 1531.
Las grabaciones habrían documentado, minuto a minuto, la secuencia del ataque:
21:40 horas: El autobús 1531 es interceptado frente al Palacio de Justicia y rodeado por patrullas municipales, ministeriales y de la Policía Federal. Un agente de inteligencia militar también habría sido ubicado tomando fotografías en el lugar.
22:30 horas: Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los normalistas a descender.
La agresión: Los videos captaron cuando los estudiantes, entre 12 y 15 jóvenes, fueron golpeados al bajar de la unidad.
La detención: Posteriormente, los normalistas fueron subidos por la fuerza a vehículos policiales —incluidas patrullas del municipio de Huitzuco— y trasladados hacia el sur con dirección a Chilpancingo.
Esta secuencia se considera la última imagen conocida de ese grupo de estudiantes antes de su desaparición forzada.
El conductor del autobús 1531, quien sobrevivió a la agresión, relató posteriormente un encuentro clave que abona a la gravedad de lo captado en el lugar. Declaró haber sido sacado del vehículo y sentado entre policías encapuchados, momento en el que se acercó un hombre vestido con camisa blanca y pantalón negro, quien, al enterarse de que era el chofer de la unidad, ordenó a los uniformados: "Pues llévenselo también, ya saben dónde", para segundos después retractarse y decir: "Déjenlo que se largue".
A pesar de la gravedad de estos eventos ocurridos frente a una sede del poder judicial, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) simplemente nunca indagó si existía dicho material, sumando una década de impunidad.
La detención de Aguirre resulta fundamental no solo por el encubrimiento de los videos, sino por su presunta injerencia en el armado institucional de la investigación. Según los hallazgos de la Comisión para la Verdad (COVAJ), once días después de la desaparición se celebraron reuniones de alto nivel en Los Pinos, instalaciones militares de Iguala y oficinas de la PGR.
El objetivo fue diseñar e implementar una versión falsa de los hechos para resolver el caso de forma acelerada y modificar la opinión pública, narrativa que el entonces procurador Jesús Murillo Karam bautizaría como la “verdad histórica”. En estas reuniones de cúpula estuvieron presentes funcionarios como el entonces presidente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Salvador Cienfuegos Zepeda, Tomás Zerón de Lucio y el propio exgobernador Ángel Aguirre, a pesar de que este último negó en 2022 haber participado en dichas mesas de trabajo.