Nuevo revés al Tren Maya: la Justicia ordena intervenir de urgencia este tramo clave en Quintana Roo

Un tribunal federal otorgó una suspensión definitiva en el Tramo 5, exigiendo a la Profepa acciones inmediatas de protección ambiental. El fallo se suma a una reciente condena internacional por ecocidio.

Revés judicial al Tren Maya.

La batalla legal y ambiental que envuelve al proyecto de infraestructura más emblemático del sureste mexicano suma un nuevo y complejo capítulo. Un tribunal federal ha concedido una suspensión definitiva que impacta directamente las obras del Tramo 5 del Tren Maya, el cual atraviesa la región comprendida entre Cancún y Tulum.

Esta resolución judicial no frena por completo el debate, sino que obliga a las autoridades competentes a ejecutar, de manera urgente, labores de supervisión, protección y preservación en la zona afectada por el trazado ferroviario.

El mandato judicial para la Profepa

El reciente fallo establece responsabilidades claras y directas para los organismos encargados de velar por el medio ambiente. En este sentido, la resolución instruye específicamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a movilizar a sus áreas especializadas.

Las obligaciones dictadas por la justicia incluyen:

• Llevar a cabo acciones exhaustivas de inspección e investigación en el área de construcción.

• Garantizar el resguardo y la integridad de los recursos naturales que se encuentran potencialmente en riesgo por el desarrollo del proyecto.

• Actuar con celeridad para cumplir con las funciones de supervisión efectiva, una necesidad que motivó esta intervención judicial.

La opacidad en la restauración ecológica

A pesar de que el Tren Maya fue concebido como el proyecto insignia de la administración para detonar el desarrollo turístico, su ejecución ha dejado una huella profunda y preocupante en los ecosistemas locales. Diversas organizaciones han denunciado de manera reiterada que la obra fragmentó el hábitat, destruyó parte de la selva en la Península de Yucatán y contaminó cenotes estratégicos. Estos graves perjuicios han sido reconocidos incluso por el propio Gobierno Federal en lo que respecta al polémico Tramo 5.

La intervención del tribunal responde, en gran medida, a la falta de transparencia. Hasta el momento, persiste una fuerte incertidumbre respecto a los programas de restauración ambiental; los avances no han sido divulgados de forma pública y no se ha podido confirmar si las medidas de mitigación cumplen realmente con las normativas nacionales e internacionales exigidas.

Antecedente internacional: condena por ecocidio y etnocidio

Esta suspensión definitiva en el sistema judicial mexicano se enmarca en un contexto de escrutinio global sobre el manejo ambiental de la obra. A finales del año 2025, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió y ratificó una sentencia histórica en la que determinó que el proyecto ferroviario cometió ecocidio y etnocidio.

Este contundente fallo internacional, que expuso las omisiones gubernamentales en la materia, fue dirigido directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Alicia Bárcena. En su documento oficial, el organismo reconoció de forma irrefutable la violación de los derechos de la naturaleza y estableció una postura inequívoca: “El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y de los Pueblos Mayas peninsulares”.