La acusación incluye tráfico de influencias, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, además de otros señalamientos que los legisladores piden esclarecer.
Diputados de PAN denuncian a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.
Diputados federales del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Los legisladores la acusan de presuntos delitos relacionados con su administración y solicitaron que las autoridades investiguen los hechos.
El hecho ocurre días después de que Estados Unidos sancionara a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la funcionaria, por presuntos vínculos con una red relacionada con "Los Mayos", una facción del Cártel de Sinaloa.
Los diputados federales Eva María Vázquez Hernández, César Israel Damián Retes, Federico Döring Casar y Jorge Triana Tena acudieron ante la FGR para presentar la denuncia contra la gobernadora y contra quien resulte responsable.
De acuerdo con el documento difundido por la periodista Valeria Llamas, se trata de una "denuncia de hehcos con apariencia de delito y contempla señalamientos por delincuencia organizada, conspiración, traición a la patria, asociación delictuosa, delitos contra la salud, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico e introducción clandestina de armas de fuego.
El PAN también publicó un mensaje en el que remarcó que los señalamientos están dirigidos contra la gobernadora: "La denuncia es contra Marina del Pilar. Así de claro. No estamos hablando de los hechos atribuidos a su exesposo. Estamos hablando de hechos que se le imputan a la propia gobernadora".
"Ahora corresponde a la autoridad investigarlos y determinar responsabilidades. Que se revise la denuncia. Que se investigue. Y que nadie distraiga la atención", detalló.
Eva María Vázquez sostuvo que el caso de Carlos Torres es independiente de la denuncia presentada contra la gobernadora: "El tema de su ex esposo es un tema que nosotros respetamos y dejamos en el ámbito de lo privado, no de lo público".
La legisladora señaló además que entre los antecedentes considerados están una serie de audios difundidos: "Esta denuncia que se está interponiendo también tiene como antecedentes una serie de audios que todos conocimos, que se estuvieron ventilando públicamente en los meses de junio y de julio de este año, donde pues quedaba muy clara la intervención".
"Además fueron reconocidos por la propia gobernadora Marina del Pilar, donde quedó muy claro que, bueno, ella tenía y tiene probablemente, porque así lo hizo saber, interlocuciones con el país vecino, con Estados Unidos, por una serie de situaciones que, bueno, ella misma señaló en uno de los audios, estaba dispuesta a colaborar proporcionando información de las mesas de seguridad, que no es un tema menor, por supuesto", explicó.
El caso que rodea a Carlos Alberto Torres Torres tomó relevancia después de que el Departamento del Tesoro de EU anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas relacionadas, según la autoridad estadounidense, con "Los Mayos", una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre los multados se encuentra Torres Torres, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ubica como presunto operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, "El Ruso", señalado como líder de "Los Ruso" en Mexicali. Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, también fue incluido en las medidas estadounidenses. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de los involucrados.
Marina del Pilar ha insistido en que ella no fue incluida en las sanciones de OFAC y ha negado que exista una investigación en su contra en EU. También señaló que su relación con Torres se limita a asuntos relacionados con el bienestar de su hijo.
El 2 de octubre, la funcionaria informó que ordenó revisar los contratos que las compañías incluidas en la lista de OFAC pudieran tener con el gobierno estatal. En caso de confirmar algún vínculo contractual, dijo que serían cancelados y las compañías quedarían vetadas.