Un nuevo conflicto interrumpe la impartición de justicia en México. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional este viernes 6 de noviembre, afectando al menos 22 sedes estratégicas distribuidas en más de 16 estados del país. La drástica medida de protesta surge como un rechazo contundente a un nuevo esquema de evaluación de desempeño publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual podría derivar en el despido del personal operativo.
La movilización, que involucra a cerca de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales en más de 900 tribunales, comenzó de manera escalonada. Morelos fue la primera entidad en suspender actividades, cerrando las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves. Posteriormente, inmuebles clave en la Ciudad de México, como el Palacio de Justicia de San Lázaro y el Edificio Prisma, se sumaron a la medianoche, uniendo fuerzas con el resto de las entidades que iniciaron el bloqueo a partir de las 9:00 horas de hoy.
El controversial esquema de calificación y el temor a represalias
El malestar del gremio judicial radica en la estructura metodológica de la evaluación. Los manifestantes denuncian que el examen objetivo de conocimientos representa únicamente el 40 por ciento de la calificación total, dejando el 60 por ciento restante sujeto a factores altamente subjetivos, como la valoración directa del titular del juzgado (22.5 por ciento), la evaluación de los propios compañeros (7.5 por ciento) y reportes institucionales.
El problema de fondo para los trabajadores es que los encargados de emitir estas calificaciones son, en gran medida, jueces y magistrados que acaban de llegar al cargo mediante el nuevo sistema de elección por voto popular. Tanto la Unión Nacional de Trabajadores del PJF como diversos sindicatos advierten que otorgar esta facultad a los nuevos juzgadores los dotará de un instrumento de presión, represalia o persecución laboral, coartando la libertad de los empleados para señalar discrepancias jurídicas por miedo a una mala nota.
Sedes sin servicio y el riesgo inminente de cese
El paro de labores tiene presencia confirmada en Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la capital del país, el cierre abarca los edificios de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, mientras que en ciudades como Monterrey las bases sindicales convocaron a manifestaciones públicas en avenidas principales.
Aunque el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la evaluación de diciembre tiene un carácter meramente "diagnóstico" para diseñar programas de capacitación, el documento oficial estipula consecuencias severas. Se determinó que quienes obtengan 59 puntos o menos serán calificados como "insuficientes" y dados de baja de la institución en caso de reprobar o no acceder a un único examen extraordinario.
Esta tensión se agrava por el ajustado calendario impuesto por las autoridades. Los inconformes reclaman que tendrán apenas dos semanas para prepararse, ya que los temarios se publicarán a mediados de noviembre y los exámenes comenzarán a aplicarse a partir del 4 de diciembre, todo esto sin ser relevados de su pesada carga laboral diaria.
