La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un comunicado detallando incongruencias en el seguro de póliza.
Bomberos trabajando tras la explosión de la pipa de gas LP en Puente de la Concordia.
La explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, CDMX, ha generado una enorme conmoción en toda la comunidad por la muerte de al menos seis personas y más de 90 heridos. Mientras elementos de diferentes fuerzas siguen trabajando en el lugar, la Fiscalía de CDMX ya inició la investigación y buscan dar con los principales responsables de lo sucedido.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que la empresa involucrada en este hecho se llama Gas Silza y pertenece Grupo Tomza, compañía cuyo dueño, según el reportero Hiroshi Takahashi en un artículo publicado en La Silla Rota, es Tomás Zaragoza Ito.
AESA emitió un comunicado oficial, asegurando que "En lo que va de 2025 Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado".
Asimismo, en la extensión de su informe, la agencia ratificó que el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., planta de almacenamiento con número de permiso G/029/LPA/2010, cuyo registro de póliza fue otorgado el 20 de septiembre de 2024. Sin embargo, dicha póliza concluyó el 12 de junio de 2025.
Por este motivo, la planta ingresó una solicitud para el registro de póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo mediante planta de suministro; sin embargo, dicha solicitud fue desechada. "Por lo tanto, a la fecha no se tiene registro sobre un seguro vigente ante la ASEA", manifestó.
Mientras tanto, inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía se encuentran ya en el lugar de los hechos, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La Fiscalía de CDMX investigará si hubo negligencia, dolo o incumplimiento de normas de seguridad. Entre los delitos que podrían imputarse están:
Homicidio culposo (artículos 60 y 302 del Código Penal Federal, y equivalentes en el Código Penal de CDMX):
Pena: 2 a 8 años de prisión por cada víctima mortal, que puede aumentar si se acredita imprudencia grave o falta de medidas de seguridad obligatorias.
Lesiones culposas:
Pena: 3 meses a 5 años de prisión dependiendo de la gravedad de las lesiones (más de 90 heridos ya confirmados).
Delitos contra el ambiente y la gestión indebida de sustancias peligrosas (Ley General del Equilibrio Ecológico y Código Penal Federal, art. 414 y 420):
Pena: 1 a 9 años de prisión y multas de hasta 300 mil UMAs (más de 30 millones de pesos).
Uso de vehículo sin seguro obligatorio (agravante): demuestra omisión empresarial que puede convertirse en responsabilidad penal corporativa.
Multas y sanciones de ASEA y Semarnat:
Por operar sin póliza de seguro vigente, pueden imponerse multas de 30 mil a 50 mil UMAs (entre 3 y 5 millones de pesos por infracción).
Suspensión o cancelación de permisos de transporte y almacenamiento de gas.
Clausura temporal o definitiva de instalaciones de Grupo Tomza en CDMX o a nivel nacional.
La empresa tendría que resarcir daños a víctimas y familiares:
Indemnizaciones por muerte (con base en la Ley Federal del Trabajo, suelen calcularse en más de 5 millones de pesos por persona).
Pago de gastos médicos a los lesionados.
Daños materiales (vehículos, viviendas, comercios afectados por la onda expansiva).
Si se acredita que los responsables de Grupo Tomza o Gas Silza omitieron renovar pólizas, capacitar choferes o dar mantenimiento a las pipas, ellos mismos podrían enfrentar cargos. En México, la responsabilidad penal corporativa se persigue desde la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (2016), lo que significa que no solo el chofer, sino también la empresa y sus representantes legales pueden ser llevados a juicio.