La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Mariana “N” y Sonia “N”, acusadas de homicidio doloso tras la trágica muerte de Dulce María, una mujer de 35 años que perdió la vida el pasado 11 de septiembre al someterse a una liposucción. La intervención estética se llevó a cabo en un establecimiento ubicado en la colonia Del Valle, dentro de la alcaldía Benito Juárez, el cual operaba de manera irregular y terminó convirtiéndose en el escenario de un caso que generó fuerte conmoción en la capital del país.
De acuerdo con los dictámenes periciales y los reconocimientos de testigos recabados por las autoridades, Mariana “N” se desempeñaba como la anestesióloga responsable durante el procedimiento quirúrgico, mientras que Sonia “N” era la encargada de administrar, vender y cobrar los servicios estéticos. Mariana fue detenida el 6 de octubre en la alcaldía Iztapalapa, siendo ya vinculada a proceso con tres meses para el cierre de la investigación; por su parte, Sonia fue capturada el 13 de octubre y permanece en prisión preventiva a la espera de su audiencia definitiva programada para el 19 de este mes.
El caos en el quirófano y las graves omisiones sanitarias
El expediente de la Fiscalía detalla los dramáticos momentos previos al deceso. Dulce María acudió al establecimiento acompañada de su pareja sentimental, quien permaneció en la sala de espera. Según su testimonio, observó cómo el supuesto personal médico salía apresuradamente del área de quirófanos retirando diversos aparatos de manera intempestiva. Minutos después, le notificaron que era urgente trasladar a la paciente a un hospital, pero la joven falleció dentro de las instalaciones mientras varios de los participantes en la cirugía se daban a la fuga.
Tras confirmarse el deceso, elementos de seguridad ejecutaron una diligencia el 12 de septiembre para asegurar cámaras de videovigilancia, dispositivos de almacenamiento y documentación relacionada con la clínica. Las investigaciones de campo permitieron establecer que el recinto operaba clandestinamente en un inmueble particular, cuyas habitaciones familiares fueron adaptadas como consultorios médicos, careciendo por completo de la infraestructura necesaria para solventar emergencias durante una cirugía de alto riesgo.
La precariedad de las instalaciones fue ratificada inmediatamente por las autoridades de salud. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México detectó 17 incumplimientos directos a la normatividad, mientras que una inspección a fondo realizada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) logró identificar fallas críticas en 60 puntos de revisión, sumando evidencia contundente para mantener tras las rejas a las probables responsables.
