Se trata de la comunidad de La Calendaria, en San Cristóbal de las Casas. La resolución se produjo en una sesión extraordinaria en territorio.
Reconocimiento al autogobierno de La Candelaria.
En un fallo histórico que marca un precedente para los derechos de los pueblos originarios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un asunto que fortalece el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno indígena en México. En un ejercicio inédito de acercamiento de la justicia constitucional a los pueblos indígenas, el Máximo Tribunal celebró su Primera Sesión Extraordinaria en Territorio en el municipio de Tenejapa, Chiapas.
Ante autoridades tradicionales, representantes del estado y más de dos mil personas provenientes de la comunidad de La Candelaria y del municipio sede, la SCJN reafirmó que los derechos de las comunidades indígenas deben traducirse en condiciones reales que permitan su ejercicio efectivo.
Durante el inicio de la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó el cambio de paradigma de la institución: "Este es el nuevo rostro de la justicia: una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades". Asimismo, Aguilar Ortiz subrayó que la Corte acudió para atender un reclamo de más de cinco años de esta comunidad chiapaneca, asegurando que el país está cambiando y el tribunal no podía quedarse atrás.
El litigio comenzó cuando la comunidad tsotsil de La Candelaria, ubicada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, solicitó formalmente al Congreso del Estado de Chiapas el reconocimiento de su gobierno comunitario y su carácter como sujeto de derecho público. Esta decisión fue tomada a través de su Asamblea Comunitaria, el cual funge como su máximo órgano de decisión.
Frente a la falta de respuesta del Poder Legislativo estatal a su escrito, las autoridades comunitarias decidieron promover un juicio de amparo. Fue durante la tramitación de este recurso legal que el Congreso local emitió una respuesta, admitiendo que el marco legislativo vigente en Chiapas resultaba insuficiente para hacer efectivos los derechos colectivos de la comunidad y para otorgarles el reconocimiento jurídico que les permitiera ejercer sus propias formas de organización política y social.
Tras analizar el asunto, el Pleno de la SCJN determinó que el Congreso del Estado incurrió en una omisión legislativa relativa. El tribunal argumentó que, si bien existen leyes constitucionales que reconocen la libre determinación y autonomía de forma general, el marco normativo actual carece de procedimientos claros y mecanismos eficaces para que las comunidades logren constituir y obtener el reconocimiento jurídico de sus gobiernos.
Además, señalaron la falta de mecanismos adecuados de coordinación con autoridades estatales y municipales, así como vías de acceso directo a los recursos públicos que les corresponden.
El fallo de la Suprema Corte reconoció que el derecho al autogobierno forma parte del núcleo esencial del derecho a la libre determinación y autonomía, y dictó órdenes precisas con plazos definidos para las autoridades:
La resolución de la Corte hizo especial énfasis en el profundo cambio que representó la reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 2024. Esta modificación constitucional reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Máximo Tribunal subrayó que esta transformación constitucional obliga a los congresos locales a adecuar sus normativas para que la libre determinación transite de una aspiración formal a una realidad concreta en la vida de las comunidades. Con esta decisión histórica, se confirma que el autogobierno no es una concesión del Estado, sino una manifestación de la dignidad e identidad de los pueblos, y que la falta de legislación adecuada puede constituir una violación a los derechos humanos.