El Máximo Tribunal invalida los "candados nacionalistas" en Durango. La titularidad de la Auditoría Superior estatal se abre a ciudadanos naturalizados y con doble nacionalidad, sentando un precedente contra la discriminación laboral en el sector público.
Fallo clave de la SCJN para Durango.
Una barrera invisible pero infranqueable que limitaba el ascenso profesional de miles de ciudadanos ha sido derribada por el martillo de la justicia federal. En una decisión que reconfigura el acceso a la alta burocracia estatal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que exigir ser "mexicano por nacimiento" para fiscalizar el gasto público es una medida discriminatoria e inconstitucional.
El fallo, aunque centrado en un caso específico del norte del país, envía un mensaje contundente a todos los Congresos locales: la nacionalidad por naturalización o la doble ciudadanía no son impedimentos para servir al Estado en cargos de alta responsabilidad técnica.
La controversia surgió en el estado de Durango, donde el Congreso local había establecido, en el artículo 97 de su Ley de Fiscalización Superior, un requisito excluyente: para ser titular de la Auditoría Superior del Estado, era obligatorio ser mexicano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
El Pleno de la Corte analizó esta normativa y concluyó que los legisladores duranguenses se excedieron en sus facultades.
"La restricción generaba una distinción injustificada, afectando el acceso a empleos públicos y potencialmente conduciendo a un trato discriminatorio", se lee en la resolución que invalida dicha porción de la ley.
El argumento de los ministros es técnico pero crucial para el federalismo mexicano. La Corte subrayó que únicamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (a nivel federal) tiene la potestad de reservar ciertos cargos estratégicos exclusivamente a mexicanos por nacimiento (como es el caso de la Presidencia de la República o mandos militares).
Los estados no pueden inventar nuevas restricciones de nacionalidad para cargos administrativos o de control financiero si la Carta Magna no lo autoriza expresamente. Al hacerlo, Durango violó los derechos de igualdad laboral.
Con este fallo, el perfil para convertirse en el "guardián de las cuentas públicas" en dicha entidad cambia radicalmente. La Corte ordenó notificar al Congreso de Durango para que adecúe su legislación de inmediato.
A partir de ahora, para aspirar a encabezar la Auditoría Superior, el requisito de nacionalidad se flexibiliza:
Ya no es obligatorio ser mexicano por nacimiento.
Se permite tener otra nacionalidad (doble nacionalidad).
Basta con ser ciudadano mexicano (incluso por naturalización) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Esta resolución refuerza una línea jurisprudencial constante del Máximo Tribunal: el control del erario y la capacidad técnica no dependen del lugar de nacimiento, sino de la competencia profesional, abriendo el mercado laboral público a un talento más diverso.
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