El Gobierno federal presentó una iniciativa histórica que busca transformar la relación del país con su entorno natural, garantizando la justicia ambiental y el bienestar de las comunidades.
Nueva ley de protección ambiental.
El Gobierno federal de Claudia Sheinbaum ha marcado un hito en la política ecológica de México al presentar la nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, fue la encargada de detallar esta iniciativa impulsada por la administración actual, destacando que representa un momento histórico para el país.
Durante su presentación, la funcionaria enfatizó que esta legislación responde directamente a los desafíos de estos tiempos, poniendo en el centro de las prioridades tanto el cuidado del ambiente como el bienestar de las comunidades.
El nuevo marco normativo está diseñado para proveer herramientas novedosas que permitan atender los nuevos retos ambientales de México. De acuerdo con las autoridades, la ley otorga más certeza jurídica a las comunidades y a las inversiones, al tiempo que integra los avances científicos, la innovación y las tecnologías con los saberes ancestrales. Además, fortalece las acciones de prevención y restauración ecosistémica mediante una activa participación ciudadana.
En términos de impacto directo y social, la Secretaría de Medio Ambiente explicó cómo esta reforma beneficia a las personas y a la naturaleza:
Garantiza un medio ambiente sano para proteger la salud y el futuro de niñas y niños.
Asegura el acceso a la información y a la justicia ambiental.
Evita daños ambientales y protege rigurosamente los derechos de personas y comunidades.
Responde al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad y a la contaminación que afectan los medios de vida de los pueblos.
Fomenta la premisa de "menos basura, más reciclaje" y busca hacer la paz con los ríos, barrancas y playas.
Protege especies emblemáticas y recupera nuestros ecosistemas.
Para cimentar esta profunda transformación ecológica, el Gobierno federal ha estructurado la ley sobre 10 principios rectores orientados a lograr una verdadera justicia ambiental:
El patrimonio natural es el fundamento de la vida, la prosperidad y el bienestar.
No puede haber justicia social sin justicia ambiental.
Prevenir antes que reparar.
Conservar y restaurar para construir futuro.
Conocimiento para sustentar las acciones ambientales.
Gestionar el territorio con la gente y visión de largo plazo.
Propiciar una cultura ambiental.
De una economía que desecha a una economía que aprovecha.
Cuidar a quienes defienden la naturaleza y los bienes públicos.
Proteger nuestro patrimonio biocultural es una responsabilidad compartida de toda la nación.