Un comité científico entregó a la Presidenta 10 puntos clave para evaluar la viabilidad y riesgos de extraer gas no convencional en el país.
Fracking en México.
El futuro de la soberanía energética de México y la posible implementación del fracking tomaron protagonismo durante la conferencia matutina de este jueves. Ante la necesidad de asegurar el suministro nacional, un grupo multidisciplinario de expertos presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum un análisis exhaustivo sobre la viabilidad de la extracción de gas no convencional en el territorio mexicano.
La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, fue la encargada de dar a conocer los avances de este comité especializado. Para garantizar una evaluación rigurosa y objetiva de esta polémica técnica de extracción, el análisis técnico y científico se dividió estratégicamente en cuatro comisiones principales.
Para abordar el debate del gas no convencional desde todas sus aristas, el comité estructuró su investigación basándose en rigurosos criterios técnicos, ambientales y sociales. Las áreas de trabajo que nutrieron las recomendaciones finales operaron de la siguiente manera:
Comisión de ingeniería: Su objetivo central es estudiar las características de los yacimientos y evaluar las técnicas que existen actualmente disponibles para su exploración y extracción en el subsuelo mexicano.
Comisión de agua: Un tema crítico que analiza la cantidad de agua requerida, su disponibilidad y las diversas fuentes de suministro. Además, se encarga de evaluar los posibles efectos sobre las reservas hídricas, su comportamiento subterráneo y las alternativas viables para su tratamiento y reutilización.
Comisión de Impacto: Esta mesa de trabajo examina profundamente las implicaciones ambientales, sociales, económicas y para la salud pública. Considera factores de riesgo como los posibles efectos sobre el suelo y el aire, los riesgos ecológicos, la seguridad laboral y el ordenamiento territorial.
Comisión de Planeación y Prospectiva: Evalúa de manera integral la viabilidad económica y social, los aspectos financieros y el marco normativo del país. Asimismo, analiza alternativas concretas para reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el consumo y disminuir la fuerte dependencia del gas importado.
El trabajo de estas comisiones derivó en un decálogo de acciones concretas que marcarán la pauta de la política energética del sexenio. Las conclusiones expuestas al Gobierno Federal establecen límites claros, prohibiciones regionales y estrategias de innovación ambiental.
Las 10 recomendaciones oficiales entregadas a la mandataria son:
Priorizar energías limpias: La prioridad absoluta debe ser incorporar aceleradamente fuentes renovables de generación de energía eléctrica.
Ahorro nacional: Se deben implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional.
Impulso tradicional: Es fundamental incrementar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema del gas asociado a la producción de petróleo.
Zonas restringidas: Recomendamos tajantemente prohibir actividades de extracción de Gas Natural de yacimientos no convencionales en la región de la cuenca Tampico Misantla.
Protección de acuíferos: Se recomienda la perforación de pozos para confirmar la existencia de agua salada en cuerpos de agua profundos, asegurando que no se encuentren conectados de ninguna forma con acuíferos someros.
Exploración cautelosa: Se recomienda confirmar las reservas de Gas Natural en yacimientos no convencionales por medio de la realización de estudios y perforación de pozos exploratorios.
Estándares ambientales: Se deben implementar las mejores prácticas internacionales en materia de manejo de residuos, buscando un aprovechamiento menos dañino y acciones concretas de protección ambiental.
Derechos ciudadanos: Es estrictamente necesario realizar consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad productiva.
Desarrollo económico: Se debe incentivar fuertemente la proveeduría local para fomentar la creación de empleo regional en las zonas operativas.
Vigilancia externa: Se recomienda establecer un monitoreo científico externo e independiente que brinde asesoramiento técnico permanente. Este ente apoyará en la verificación de la integridad de los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas de las regiones productoras.