¿Chau registro de líneas de celulares con la CURP?: el proyecto para prohibir el trámite y eliminar todos los datos recolectados

Una nueva iniciativa en el Senado mexicano, impulsada por Movimiento Ciudadano, busca frenar en seco la obligatoriedad de registrar las líneas móviles y exige la destrucción inmediata de la información personal almacenada hasta la fecha.

Registro de celulares en México: de qué se trata y la fecha límite

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El registro obligatorio de líneas de telefonía celular en México ha chocado con un nuevo muro político y legal. En medio de un creciente descontento ciudadano y miles de amparos promovidos por los usuarios, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Senado una propuesta radical: eliminar por completo la obligación de vincular cada número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La iniciativa, liderada por la vicecoordinadora de MC en la Cámara Alta, Alejandra Barrales, no solo busca detener el proceso, sino que exige una medida sin precedentes: la destrucción definitiva de toda la información obtenida para impedir que autoridades o entes privados puedan reutilizarla o transferirla.

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Privacidad vs. seguridad: el debate en el Congreso

La propuesta de Barrales plantea derogar los artículos 103, 164 fracción III y el Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La legisladora sostiene que condicionar el acceso a un servicio de telecomunicaciones al registro masivo de datos personales representa una clara vulneración a los derechos fundamentales.

Según el argumento de la iniciativa, el combate a la delincuencia debe sustentarse en labores de inteligencia e investigación precisas, y no en la recolección masiva de datos que comprometa la privacidad de millones de mexicanos.

Por su parte, el Gobierno de México y sus aliados legislativos defienden férreamente el padrón. El Partido del Trabajo (PT) presentó un punto de acuerdo para respaldar el registro, argumentando que es una herramienta vital para la seguridad nacional.

Los argumentos oficiales para mantener la medida se centran en:

• Frenar delitos de alto impacto: Combatir directamente la extorsión telefónica, el fraude y los secuestros virtuales.

• Erradicar el anonimato: Evitar que los delincuentes utilicen líneas desechables sin dejar rastro.

• Agilizar investigaciones: Facilitar a los ministerios públicos la identificación rápida de los titulares de las líneas implicadas en ilícitos.

• Estandarización internacional: Homologar el sistema mexicano con los esquemas de identificación móvil que ya operan en otros países.

El ultimátum de las telefónicas y el nuevo calendario

Mientras la batalla legislativa se intensifica, el reloj sigue corriendo para los usuarios. Reconociendo el rezago en el cumplimiento de la medida, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) amplió el plazo de registro hasta el 31 de diciembre de 2026 bajo un esquema escalonado.

Para forzar el cumplimiento, la CRT impuso nuevos lineamientos a las empresas operadoras (como Telcel, AT&T y otras), obligándolas a ejecutar una campaña agresiva de notificaciones vía SMS:

• Primer Aviso: El cliente recibirá un mensaje con la fecha límite exacta para registrar su línea y un enlace directo para realizar el trámite.

• Segundo Aviso (Ultimátum): Si el usuario hace caso omiso, la operadora enviará una segunda alerta notificando que el servicio podría ser suspendido en un plazo máximo de 72 horas.

Un mercado dividido y en tribunales

El panorama actual del sector móvil refleja la resistencia ciudadana ante la medida. De acuerdo con las cifras oficiales, se han registrado aproximadamente 63 millones de líneas, una cifra menor a la mitad del mercado total, que actualmente supera los 144 millones de líneas móviles activas en México.

A la par del debate en el Senado, el Poder Judicial se encuentra saturado. Más de 10 mil personas ya han promovido juicios de amparo para blindar sus datos personales, dejando el futuro del registro telefónico en manos de los tribunales federales y, ahora, de la nueva ruta legislativa que propone eliminarlo de raíz.