La disposición gubernamental para combatir la extorsión tropieza con el ingenio de la delincuencia. En menos de una semana, redes sociales se han inundado de ofertas de líneas pre-activadas y documentos oficiales apócrifos para evadir el registro obligatorio.
Ya inició un mercado negro de chips en México.
La nueva normativa federal que obliga el registro de líneas telefónicas móviles, diseñada teóricamente para frenar la extorsión y el secuestro virtual, ha detonado un efecto colateral inmediato: el surgimiento de un mercado negro digital. A escasos días de la entrada en vigor de la medida, vendedores en redes sociales ya ofrecen una "solución" ilegal: chips pre-registrados listos para usarse.
Una revisión de la oferta en plataformas como Facebook Marketplace revela, según informan portales como El Mercurio, que estos dispositivos se comercializan con precios que inician desde los 27 pesos, bajo la promesa de que el usuario final no tendrá que entregar sus datos biométricos ni personales al gobierno.
El modus operandi es abierto y descarado. Bajo consignas publicitarias como “No te quedes sin línea”, decenas de perfiles en Facebook aseguran que sus productos cumplen con la nueva disposición obligatoria, afirmando que el trámite ya fue realizado con anterioridad y es de carácter “legal”.
Los precios varían según el volumen y el "servicio" añadido:
Una prueba de campo realizada en la estación Polanco del Metro confirmó la vulnerabilidad del sistema: al adquirir un lote de 10 chips, se verificó en la plataforma de la empresa telefónica que, efectivamente, la inscripción ya no era permitida porque los números ya habían sido asentados previamente.
Lo más alarmante para las autoridades financieras y de seguridad no es solo la venta del chip, sino el servicio complementario de falsificación de documentos de alta calidad. Para aquellos usuarios que no quieren perder su número actual pero se niegan a dar sus datos reales, los vendedores ofrecen generar identidades ficticias.
Este "servicio de ayuda" incluye:
El proceso de compra es paradójicamente burocrático: se solicitan al comprador fotos, firmas en hoja blanca y datos específicos para fabricar la identidad apócrifa, prometiendo que el documento servirá para "cualquier trámite sin preocupaciones".
Esta reactivación del mercado negro pone en entredicho la efectividad de la recolección masiva de datos, sugiriendo que, lejos de erradicar el anonimato delictivo, se ha creado un nuevo nicho de negocio ilícito que vulnera la certeza jurídica de la identidad en México.
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