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Misión: trasladar efectos fiscales y enojo del FMI a 2020

La Corte Suprema de Justicia complicará hoy la relación del Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI); en uno de los capítulos que más celo hay desde Washington: que el Gobierno nacional avance en una seria reforma que recorte el impacto del sector previsional en el gasto público. A esto se había comprometido el propio Ejecutivo en las negociaciones de septiembre pasado con el organismo financiero internacional para la renovación del acuerdo; sin fijar tiempos, pero garantizando que se avanzaría en 2019, durante la vigencia del stand by. Al fallar en contra de la reforma que el Gobierno nacional está aplicando con los jubilados, y provocar un costo fiscal extra a la administración pública de entre 30.000 y 40.000 millones de pesos, el tema se complica políticamente aún más y obliga al Gobierno a replantear el capítulo fiscal de manera aún más profunda que lo previsto. Ante el panorama, la estrategia que desde hoy aplicará el Ejecutivo será trasladar todas las consecuencias fiscales y los reclamos del FMI para 2020. O, por lo menos, esperar a conocerse los resultados de las elecciones presidenciales de octubre de 2019 para poder avanzar, en el caso de que triunfe Mauricio Macri, con la reforma prometida ante el organismo que maneja Christine Lagarde.

El reclamo del FMI había quedado claro en el texto del acuerdo firmado en octubre pasado en Washington. En uno de los puntos, la Argentina y el Fondo se comprometieron a “identificar reformas duraderas y de alta calidad (incluida la mejora de los procesos presupuestarios y de recaudación fiscal, revisiones a los actuales sistemas distorsivos de impuestos y subsidios, y comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria)”. La inclusión de esta reforma previsional fue tomada obligatoriamente por el organismo internacional; a partir de un informe muy negativo sobre la solvencia del sistema de jubilaciones local, surgido del dictamen que los técnicos del FMI que tienen a su cargo el caso argentino. En el informe presentado por Caldarelli ante el board del organismo, los técnicos que obedecen al economista italiano, marcaron que entre las muchas reformas pendientes en el país y que dificultan la posibilidad de contar con una economía saneada y en equilibrio fiscal se encuentra el deficitario sistema previsional. Y se le reclama al país que avance seriamente en reformas estructurales “del sistema de pensiones” a las que califica como “muy necesarias”. Si bien el trabajo de los economistas del FMI no avanzaba en medidas puntuales (nunca las hay en este tipo de documento), se sabe que entre los tópicos sobre los que presiona tradicionalmente el FMI figuran la suba de la edad jubilatoria a un esquema de entre 67 y 70 años no voluntario, nuevos cambios en el cálculo de la fórmula de indexación de los pagos, eliminación de todos los regímenes especiales y prohibición de crear nuevos y ampliación de la base de jubilaciones de prestación mínima. Sabe el Gobierno que luego de la experiencia negativa de la última reforma previsional de diciembre del año pasado, aprobada con grandes dificultades de negociación política y con hechos de violencia en las calles que llevaron a la suspensión de una sesión en Diputados, avanzar en este proyecto en el mediano plazo es una utopía. Descarta el macrismo que es imposible conseguir durante los primeros meses de 2019 el quórum necesario para una reforma previsional cuyo ADN es el ajuste en las prestaciones jubilatorias, más cuando se trata de una año electoral donde muchos de los gobernadores con los que se necesitarían negociar los votos en diputados y el senado se juegan sus reelecciones. La idea oficial es que esta reforma prometida y la aplicación de los cambios a los que obligará hoy la CSJ, pasen a ser capítulos de tratamiento del próximo Gobierno, sea de Mauricio Macri o de un sucesor. Y que la negociación con el FMI se dé en noviembre, con el resultado de las elecciones sobre la mesa.

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