El gobierno paraguayo anunció este domingo que militares y policías rodearán las cárceles del norte del país, luego de la espectacular fuga de 76 reclusos de una prisión en Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil.
Militares custodiarán las cárceles en Paraguay tras la fuga de 76 reos
El gobierno de Mario Abdo anunció "medidas excepcionales" y demoró a 28 guardias. Sospechan que la operación, para la cual se cavó un túnel, tuvo como cómplices a funcionarios del penal.
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La ministra de Justicia local, Cecilia Pérez, dijo que, por disposición presidencial, las fuerzas militares y policiales custodiarán las cárceles en el norte del país, y también en Ciudad del Este, por ser considerada una ciudad fronteriza y clave para la presencia de delincuentes del crimen organizado, informó ABC Color en su sitio web.
El director de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero fue destituido junto a otros seis funcionarios tras la fuga que involucró a miembros del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC). Y la totalidad del personal, unos 28 custodios, están demorados.
"Es un trabajo que llevó días y es imposible que los funcionarios no se hayan dado cuenta de que estaban saliendo. Evidentemente este fue un plan comprado", dijo Pérez a la radioemisora asuncena Monumental.
Las autoridades hallaron "un grado superlativo de corrupción, pues los prófugos incluso fueron sacando de a poco sus televisores plasma, heladeras y otros electrodomésticos. Solo faltaba que los suban a vehículos y los lleven a sus casas”, ironizó la ministra.
El gobierno informó el hecho a la Policía Federal de Brasil aunque la fiscalía general cree que los fugados siguen en territorio paraguayo. El ministro de Interior, Euclides Acevedo, dijo a un medio local que el túnel pudo haber sido un recurso para "legitimar la liberación" de los reclusos.
"Podemos decir que siguen estando en nuestro territorio. En esa zona hay muchas zonas boscosas y ellos conocen el territorio. Estas son personas altamente peligrosas", dijo la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
La zona es considerada de tránsito para el tráfico de drogas y un lugar de operaciones de grupos como el PCC y el Comando Vermelho, las facciones criminales más poderosas de Brasil.
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