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El aumento del crimen en el viejo paraíso, una de las claves del giro político en Uruguay

El buen desempeño económico trajo aparejado una escalada del delito en un país acostumbrado a una tranquilidad idílica. El Gobierno electo promete una política de mano dura. La tasa de homicidios duplica a la de Argentina.

Enviada especial - Manuela lleva su bolso aferrado al cuerpo. Lo mantiene agarrado desde las manijas y lo presiona con el brazo. “Los robos son muy frecuentes a esta hora y más contra personas de mi edad”, afirma la mujer de 72 años, que caminaba a ritmo cansino por la avenida 18 de Julio cerca del mediodía. Su testimonio no es producto de la eventualidad. El sentimiento de inseguridad entre la población es homogéneo, lo mismo que los reproches al Frente Amplio (FA) por no haber sabido lidiar con la criminalidad creciente, un combo, sostienen analistas, capitalizado a su favor por la fórmula encabezada por Luis Lacalle Pou.

Desde el primer Gobierno de Tabaré Vázquez en 2005 hasta principios del año pasado, Uruguay ha experimentado una época de crecimiento sostenido que impulsó la disminución de la desigualdad y la pobreza. Los salarios subieron y las oportunidades emergieron. Pero también aumentó el delito y marcan un récord.

En 2018 y por primera vez en su historia, la tasa de asesinatos llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes (46% más que en 2017), lo que lo dejó afuera del grupo de países de América del Sur que ostentan cifras de un dígito, como Argentina (5,3) o Chile (2,5).

Sin embargo, se mantienen todavía muy por debajo de otros territorios con una violencia más expandida como Venezuela (81,4) o Brasil (25). Al mismo tiempo se registraron 27.798 denuncias por asaltos (54% más que el año anterior) y 140.048 hurtos, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio del Interior en marzo pasado.

“La seguridad y el sistema carcelario han sido dos de las fisuras” del Gobierno saliente de Tabaré Vázquez, afirmó el historiador y politólogo Gerardo Caetano a este diario. A principios de noviembre había 11.380 mayores privados de libertad, un 4% más que hace un año.

“La mayoría de los homicidios corresponden a conflicto criminal (60%), y dentro de ese rubro es muy importante la disputa entre traficantes de drogas. La violencia entre distribuidores comenzó en torno a 2011, antes se habían registrado muy pocos casos”, explica Marcos Baudean, investigador e integrante del Monitor Cannabis, a este diario.

“En 2012 ya eran el 27% del total de los homicidios y, según las estadísticas oficiales, en 2018 alcanzó el 45%. La conflictividad entre las bandas del mercado de drogas comenzó antes de la regulación de cannabis”, efectuada en 2013. “El conflicto creció más rápido que el mercado legal de marihuana, por lo que si bien son dos fenómenos que aparecen juntos, nosotros, desde Monitor Cannabis, no vemos que haya una relación causal”, afirmó el también sociólogo.

El temor a la delincuencia también es selectivo: poco se habla acerca de que el 14% de las muertes son producto de la “violencia intrafamiliar”, la mayoría femicidios, que incluso superan a las fatalidades derivadas de un robo, un 11%.

¿Pero por qué se dispara el delito en una economía que sí derrama hacia la población y cuando todos los indicadores sociales son positivos? Luis Eduardo Morás, doctor en Sociología y director del Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad Derecho de la Udelar, lo adjudica a tres causas: la persistencia de procesos profundos de exclusión social de larga data entre los más jóvenes; los cambios en el mercado del microtráfico de drogas en las zonas más empobrecidas; y las cadenas de violencia y corrupción que se generan en el interior del sistema carcelario que devienen en posteriores venganzas y ajustes de cuenta en los barrios de la periferia montevideana. En la capital la tasa de homicidios es la más alta del país, 16,1, y acumula la mitad de las muertes por esos casos.

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PROMOTOR. Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, fue el autor del plebiscito Vivir sin Miedo, con el que se buscaba reformar la Constitución para aumentar el poder policial. Será nombrado ministro del Interior.

PROMOTOR. Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, fue el autor del plebiscito Vivir sin Miedo, con el que se buscaba reformar la Constitución para aumentar el poder policial. Será nombrado ministro del Interior.

“Un factor que generalmente se excluye de los análisis es el impacto que genera la extensión de un bienestar que se materializa principalmente por el acceso a bienes de consumo con las limitaciones salariales que surgen de los empleos precarios”, explicó el académico a Ámbito Financiero. “También incide la desigual distribución de los beneficios. No todos los sectores se beneficiaron en igual medida. Persiste una situación de exclusión y de fracaso personal que es más profunda cuando mejor le va al resto”, agregó.

El aumento de la criminalidad muestra a Uruguay en un espejo en el que no se identifica. En esta ecuación también interviene la sensación de pérdida de la tranquilidad bucólica, sin delito, que la población gozó durante décadas. Y parte de ese temor también es promovida por los medios de comunicación. Hasta Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, famoso por haber reducido el delito bajo el lema “tolerancia cero”, visitó en 2018 las tierras orientales para asesorar a la oposición, hoy electa, en el asunto. “Uruguay es muy permisivo con los delincuentes”, dijo al diario El País.

El crecimiento de los homicidios “podría justificar la preocupación por la seguridad pública. Sin embargo, la desmesura del sentimiento de inseguridad está instalada hace ya décadas en una sociedad demográficamente envejecida y que guarda una memoria biográfica de país integrado y sin conflictos”, afirmó Morás.

Así, los reclamos ciudadanos en ese sentido han sido moneda corriente desde el retorno de la democracia en 1985, cuando la realidad no respaldaba el temor. Ya en 1986 algunos sectores conservadores se proponían reducir la edad de imputabilidad penal de los adolescentes cuando el país vivía un idilio.

Este año, durante la primera vuelta electoral que se celebró a fines de octubre, uno de los referentes del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, impulsó una reforma constitucional bajo el título “Vivir sin miedo”, que entre otras medidas proponía modificar la Carta Magna para aumentar el poder de la Policía, introducía el término de “legítima defensa”, instauraba la cadena perpetua ante determinados delitos y habilitaba los allanamientos nocturnos. Aunque fracasó, obtuvo el 47% de los respaldos. El mismo promotor del plebiscito se perfila como el próximo ministro del Interior. La coalición multicolor que conforman cinco partidos conservadores defiende la aplicación de algunos aspectos de la iniciativa, aunque no ha aclarado cuáles.

“Me duele reconocer que no es el mejor momento en cuanto a la seguridad y que el Frente Amplio no supo manejar la crisis”, afirma Fernando, de 32 años, en la Rambla. “A mí me robaron la bicicleta dos veces, pero sé de otros casos más graves. Lamentablemente hoy la gente quiere mano dura”, concluyó.

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