Política

Nación denunció penalmente a cinco empresas que operan ilegalmente en Malvinas

El Gobierno presentó una denuncia penal contra cinco empresas por realizar actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en las inmediaciones de las Islas Malvinas, "sin haber obtenido la correspondiente autorización de la Secretaríde Energí

La denuncia, realizada por la Cancillería y el Ministerio de Planificación Federal, fue presentada este mediodía por el secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, ante el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

"No podemos permitir que se lleven las riquezas del territorio argentino y que son recursos pertenecientes a los 40 millones de argentinos. Estas empresas van a tener que responder ante la justicia argentina", afirmó Filmus en declaraciones a la prensa, tras presentar el escrito en la sede de la Procuración General de la Nación, en Perón 667 de esta capital.

Las empresas denunciadas integran un consorcio responsable de la contratación de una plataforma semi-sumergible, que el pasado 6 de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca Malvinas Norte -a unos 200 kilómetros de las islas- durante la que prevén perforar al menos seis pozos.

La denuncia fue realizada concretamente contra los directores, gerentes, síndicos o representantes de las empresas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc. y Edison International SpA.

La denuncia penal ya había sido adelantada días atrás por Filmus a Télam, quien explicó que -con la presentación- se aplicará por primera vez el texto reformado en 2013 de la ley de hidrocarburos, que prevé prisión y multas para los directivos de las compañías implicadas en la exploración y explotación de hidrocarburos.

"Queremos que los dueños de las empresas sean juzgados de acuerdo a las leyes argentinas y el derecho internacional", dijo Filmus, quien expresó que el proceso "puede terminar con un pedido de captura por parte de jueces argentinos a quienes operan ilegalmente en el mar Argentino".

La reforma de la ley 26.659 castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ubicada alrededor de las islas y prevé penas de hasta 15 años prisión, multas equivalentes al valor de 1,5 millones de barriles de petróleo, asícomo la prohibición de que personas y compañípuedan operar en Argentina.

Esa nueva legislación fue rechazada, tras la aprobación, por el gobierno británico, que consideró que la medida no rige en la zona de las islas y aseveró que su derecho es "legítimo" y "legal".

Filmus precisó que el pasado 2 de marzo el Gobierno comunicó a su par del Reino Unido su "formal y enérgica protesta" ante el inminente inicio de actividades de perforación, en tanto que el 9 de marzo se presentó una nota a la empresa Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude, para que se abstenga de realizar las actividades, pero "todas esas advertencias fueron desoídas".

"Esta denuncia está siendo acompañada en el apoyo que tiene a nivel de organismos multilaterales por numerosas declaraciones que le dan a la Argentina el derecho para hacer este reclamo y defender los recursos de los 40 millones de argentinos", sostuvo el funcionario.

Las mismas empresas ya fueron inhabilitadas para operar en territorio argentino por parte de la secretaría de Energía.

"Vamos recopilando las pruebas y cuando se demuestra la operación clandestina las inhabilitamos. Estas empresas ya han sido debidamente declaradas ilícitas y han sido inhabilitadas para operar en el territorio nacional por un período de entre 15 y 20 años", explicó Matranga.

El pasado 2 de abril, la prensa británica publicó que las compañías habían encontrado reservas de petróleo y gas en las islas Malvinas, durante el comienzo de una nueva campaña de exploración, en el primero de los cuatro pozos a perforar, ubicado al norte de una de las islas.

En su discurso de ese día desde Ushuaia, al cumplirse 33 años del inicio de la guerra que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que era una "provocación" el anuncio el mismo día del aniversario del comienzo del conflicto.

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