Procuración ratificó competencia de la Corte en demanda de Mendoza por el Fondo Sojero

Nacional

En agosto pasado, la provincia decidió iniciar acciones legales por la caída de ese fondo. Busca recuperar alrededor de u$s75 millones que el distrito cuyano dejó de percibir en 2018.

La Procuración General de la Nación dictaminó que corresponde la intervención directa de la Corte Suprema en la demanda de Mendoza contra el Poder Ejecutivo Nacional por la eliminación del Fondo Federal Solidario.

Finalizada la feria judicial extraordinaria por la pandemia de coronavirus, la provincia promovió una “acción declarativa”, para que se determine la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del decreto del PEN 756/18 que en forma “unilateral, inconsulta e intempestiva”, consideró el Ejecutivo mendocino, suprimió el fondo creado por similar norma presidencial en el 2009.

“Resulta repugnante a la Constitución Nacional que la sola voluntad del órgano administrativo del Estado Nacional, luego de comprometer convencionalmente la creación de un fondo con asignaciones específicas de sus recursos, garantizando ciertos fondos a las provincias, y que estas los incorporen a sus patrimonios y los reflejen en sus respectivas Leyes de Presupuesto, decida arbitrariamente desbaratar tal garantía federal”, sostiene la presentación.

La demanda, promovida por decisión del gobernador Rodolfo Suarez en agosto pasado y firmada por el Fiscal de Estado, Fernando Simón, agregó que esa decisión “unilateral” comporta un “flagrante atentado a los principios básicos de seguridad jurídica” y “compromete bienes básicos de la vida en sociedad”.

Para la demandante, “esos recursos no integran el presupuesto nacional”, según la ley 27.429, de diciembre de 2017, “ratificatoria del Consenso Fiscal” interjurisdiccional, por lo que “debe entenderse entonces que son propiedad de las provincias” y “por lo tanto, indisponibles” por parte del PEN.

A este litigio se sumará un segundo por por la liquidación de regalías de la represa de Los Nihuiles, en la que reclama por el 50% que viene compartiendo con La Pampa desde 1973. En la provincia estiman que oscilará este último reclamo entre $20.000 y $25.000 millones.

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